Proyecto Dignidad cuestionó el martes, 27 de enero de 2026, los aumentos salariales y otros gastos autorizados en la Comisión Estatal de Elecciones, luego de que el Tribunal Supremo validara su exclusión del organismo electoral bajo un criterio económico de control de costos.
“La exclusión de Proyecto Dignidad de la Comisión Estatal de Elecciones no es un asunto administrativo ni presupuestario; es una violación directa al derecho fundamental de representación política”, expresó el expresidente de la colectividad, César Vázquez en declaraciones escritas.
Recordó que el Tribunal Supremo avaló la exclusión pese a que Proyecto Dignidad retuvo su franquicia electoral, al aplicar un criterio de razonabilidad económica. Sin embargo, señaló que posteriormente la Junta de Supervisión Fiscal aprobó una nueva escala salarial para empleados de la Comisión, con aumentos promedio de más de 11,000 dólares anuales por empleado y un impacto fiscal estimado que supera los 4 millones de dólares.
Según informó, esos gastos se suman a la autorización de pagos no autorizados que exceden los 174,000 dólares y a la contratación de servicios de asesoría externa relacionados con las máquinas de escrutinio electrónico, con tarifas aproximadas de 125 dólares por hora.
“Cuando se afectan derechos fundamentales, el Estado tiene el deber de aplicar el escrutinio más riguroso. Aquí ocurrió todo lo contrario: se sacrificó la representación de más de 80,000 electores bajo un pretexto económico”, sostuvo Nilda Pérez.
Proyecto Dignidad indicó que estas decisiones contradicen el argumento de austeridad utilizado para negar representación en la Comisión Estatal de Elecciones y reiteró su reclamo de una revisión de las determinaciones que afectan la participación política y la representación electoral.