El Consejo de Ministros aprobó este martes 27 de enero un real decreto de tramitación urgente para la regularización extraordinaria de más de 500,000 extranjeros que se encuentran en España, una medida que el Ejecutivo enmarca en un enfoque de orden, responsabilidad y derechos humanos.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo los requisitos del proceso y afirmó que el Ejecutivo lleva “toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente”. En ese contexto, defendió que cuando “la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado”.
Saiz subrayó que la regularización constituye la primera medida y una de las “más relevantes” del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, que, según adelantó, se presentará próximamente. La ministra calificó la decisión como “un día histórico” y señaló que el Gobierno refuerza “un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”.
La medida se dirige a solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, así como a personas que acrediten una permanencia mínima de cinco meses en España antes de esa misma fecha. Entre los requisitos figura no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. La permanencia podrá acreditarse mediante cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.
La autorización concedida será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. Tendrá una vigencia inicial de un año y permitirá posteriormente incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
En materia de integración, Saiz afirmó que “la integración no es individual, es familiar”, por lo que el proceso permitirá regularizar de forma simultánea a los hijos menores de los solicitantes que se encuentren en España, con una vigencia de cinco años. Además, los extranjeros en situación irregular podrán solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo máximo de tramitación será de tres meses, aunque la mera admisión a trámite permitirá trabajar desde el primer día.
La ministra insistió en que la regularización “no es una excepción” y recordó que España cuenta con “una larga trayectoria” en este ámbito, con dos procesos impulsados por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). A nivel europeo, señaló que se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, incluidas las más recientes en Italia y Portugal en 2020 y 2021.
Finalmente, Saiz indicó que el Gobierno retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700,000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos salvo Vox, una iniciativa que, según afirmó, “ha permanecido bloqueada demasiados meses”.