Las críticas a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, han ganado fuerza dentro del propio Partido Republicano tras la crisis en Minnesota, donde las muertes de manifestantes durante operaciones migratorias han generado rechazo y cuestionamientos públicos de decenas de representantes, legisladores y senadores.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, respaldó la decisión de Trump de enviar al estado a su “zar de las fronteras”, Tom Homan, para controlar la crisis, una medida que deja en segundo plano al jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. Sin embargo, instó a la Casa Blanca a definir mejor su estrategia migratoria ante la pérdida de credibilidad del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
“(Trump) está recibiendo malos consejos ahora mismo. ¿Cuál es el objetivo final? No creo que sea deportar a todos los ciudadanos no estadounidenses”, afirmó Stitt en una entrevista con CNN, donde sostuvo que la mayoría de los ciudadanos quieren que el Gobierno aborde la inmigración, pero “no les está gustando” lo que ven en las calles de Minneapolis.
En la misma línea, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aliado cercano de Trump, pidió que la Casa Blanca “replantee” su postura para recuperar la confianza pública en el ICE.
Retirada de un candidato republicano en Minnesota
La crisis también provocó la retirada del abogado conservador Chris Madel de la carrera a gobernador de Minnesota. Madel aseguró que la operación Metro Surge, iniciada en diciembre para detener inmigrantes indocumentados y llevar a cabo deportaciones, ha ido “más allá” de abordar las “verdaderas amenazas a la seguridad pública”.
“Los ciudadanos estadounidenses, en particular los de color, viven con miedo. Llevan documentos para demostrar su ciudadanía. Eso está mal”, dijo Madel en un vídeo, antes de anunciar su salida de la carrera por sorpresa.
La muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, a manos de un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se suma a otro caso reciente en Minnesota, donde un agente del ICE disparó mortalmente a la ciudadana estadounidense Renee Good. Ambos incidentes han desatado manifestaciones masivas en el estado y en otros puntos del país contra el despliegue federal.
Dudas en el Congreso
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, solicitó la comparecencia de los directores del ICE, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) —Todd Lyons, Rodney Scott y Joseph Edlow, respectivamente— ante el Congreso.
La iniciativa recibió el apoyo de varios republicanos, entre ellos el senador por Utah, John Curtis, quien criticó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por “socavar la confianza pública” al apresurarse a juzgar lo ocurrido “antes de que se conozcan todos los hechos”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew Gabarino, presentó una medida similar al pedir que los tres altos funcionarios migratorios de la Administración Trump testifiquen en el Congreso.
Otros legisladores, como el senador por Indiana, Todd Young, y el expresidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara, Michael McCaul, se unieron a la lista de republicanos que plantean dudas sobre la actuación de los agentes y reclaman investigaciones “transparentes” sobre los tiroteos.
El senador por California, Thom Tillis, coincidió con Curtis al advertir que “cualquier funcionario de la Administración que se apresure a emitir un juicio e intente cerrar una investigación antes de que comience le está haciendo un flaco favor a la nación y al legado del presidente Trump”.
Dentro del ala más moderada del Partido Republicano, la senadora Lisa Murkowski, quien votó a favor de abrir un juicio político contra Trump, afirmó que “portar un arma de fuego legalmente no justifica que agentes federales maten a un estadounidense”, especialmente si la víctima ya estaba desarmada, en referencia al caso de Pretti.
El senador por Luisiana, Bill Cassidy, también crítico del mandatario, calificó los sucesos en Minneapolis de “increíblemente inquietantes” y sostuvo que “la credibilidad del ICE y el Departamento de Seguridad Nacional está en juego”.
Voces más moderadas, como la del presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, sugirieron que el presidente debería considerar retirar el ICE de Minnesota. “Si yo fuera Trump pensaría: ‘Bueno, si el alcalde y el gobernador van a poner en peligro a nuestros agentes y existe la posibilidad de perder más vidas inocentes, entonces quizás deberían ir a otra ciudad’”, declaró en Fox News.
El senador republicano por Pensilvania, David McCormick, apuntó que “la retórica irresponsable y la falta de cooperación de los políticos de Minnesota están agravando una situación peligrosa”, aunque también respaldó la demanda de investigaciones sobre las muertes.