Pese a un desempeño favorable en los recaudos del Fondo General, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que Puerto Rico enfrenta una desaceleración económica y riesgos estructurales que podrían provocar desbalances presupuestarios antes de 2029 si el Gobierno continúa asumiendo compromisos sin fuentes recurrentes de financiamiento.
Las advertencias surgen del Commonwealth Financial Plan – Quarterly Report Q4 FY2025, que analiza el cierre del año fiscal y subraya que los resultados positivos en ingresos no responden a un crecimiento económico sostenido, sino a factores extraordinarios y ajustes de calendario contributivo.
Economía pierde impulso
De acuerdo con el informe, la Junta de Planificación de Puerto Rico estima que el Producto Nacional Bruto (PNB) real aumentó 1.1% en el año fiscal 2025, una cifra inferior al crecimiento de 2.1% registrado en el año fiscal 2024.
A su vez, el Índice de Actividad Económica apunta a un estancamiento durante el año fiscal 2024 y a una ligera disminución en los primeros tres trimestres del año fiscal 2025, lo que refleja una pérdida de dinamismo en la economía local.
La Junta advierte que esta tendencia podría acentuarse a medida que se reduzca el impacto de los fondos federales que han impulsado la actividad económica en años recientes.
Recaudos por encima de lo proyectado, pero no estructurales
Los recaudos del Fondo General totalizaron $14.1 mil millones al cierre del año fiscal 2025, superando en 1.9% la proyección del Plan Fiscal y en 2.2% los ingresos del año fiscal anterior.
Sin embargo, la JSF aclara que gran parte de ese exceso responde al cobro, en julio del año fiscal 2025, de aproximadamente $230 millones en contribuciones corporativas que habían sido diferidas del año fiscal anterior, conforme a extensiones contributivas autorizadas por el Departamento de Hacienda.
Fuera de ese ajuste puntual, el informe indica que los recaudos del resto del año se mantuvieron mayormente alineados con las proyecciones oficiales.
Gastos subestimados y fallas contables persistentes
El informe también identifica deficiencias significativas en el registro de gastos públicos. Aunque los desembolsos reportados del Fondo General ascendieron a $10,338 millones —unos $1,926 millones por debajo de lo presupuestado— la Junta advierte que esta cifra subestima el gasto real del Gobierno.
Al menos $411 millones en gastos ya incurridos no habían sido registrados al cierre del año fiscal, mientras que cerca de $1,379 millones en asignaciones fueron extendidas y se trasladarán al año fiscal 2026.
La JSF atribuye estos desfases a sistemas contables fragmentados, la ausencia de cierres mensuales o trimestrales y deficiencias históricas en los controles internos. El informe destaca que, al 30 de junio de 2025, el Gobierno aún no había completado su Annual Financial Report correspondiente al año fiscal 2023, lo que limita la transparencia y la toma de decisiones fiscales informadas.
Liquidez con uso restringido
La Cuenta Única del Tesoro (TSA) cerró el año fiscal con un balance de $11.4 mil millones. No obstante, el 79% de esos fondos está restringido o comprometido para usos específicos, como reservas estatutarias, gastos de capital y obligaciones previamente aprobadas.
Luego de descontar el balance mínimo requerido, el informe señala que solo $1.4 mil millones están disponibles como reserva para necesidades no anticipadas. Además, la Junta aclara que el balance de efectivo no refleja ciertos gastos ya incurridos que aún no han sido pagados.
El documento resalta que Puerto Rico continúa dependiendo en gran medida de fondos federales para sostener su actividad económica y fiscal. En años recientes, el País ha recibido asignaciones que superan los $125 mil millones, principalmente para recuperación por desastres naturales y programas de alivio económico.
En el caso de los fondos de recuperación por desastres, el informe indica que cerca del 67% de las asignaciones aún no se ha desembolsado. Además, el ritmo de desembolso durante el año fiscal 2025 fue menor al proyectado, lo que reduce su efecto inmediato sobre la economía y aumenta el riesgo de que parte de estos recursos no se utilicen antes de su vencimiento.
La Junta advierte que, una vez concluya el ciclo de desembolso de estos fondos, el efecto estimulante sobre la economía cesará, lo que podría provocar una desaceleración más marcada si no se implementan reformas estructurales.
Riesgos fiscales a corto y mediano plazo
Entre los principales riesgos identificados, la JSF destaca el llamado “abismo fiscal” de Medicaid. A partir del año fiscal 2028, si el Congreso federal no actúa, Puerto Rico enfrentaría una reducción drástica en el financiamiento federal del programa, lo que obligaría al Gobierno local a asumir una porción significativamente mayor del costo.
El informe también alerta sobre presiones de gasto relacionadas con el sistema eléctrico, la Universidad de Puerto Rico, el crédito por trabajo (EITC), el apoyo a municipios y otros compromisos recurrentes que actualmente se cubren con fondos temporeros. Asumir nuevas obligaciones sin identificar fuentes recurrentes de financiamiento, advierte la Junta, podría generar desbalances presupuestarios antes de 2029.
En su conclusión, la Junta de Supervisión Fiscal enfatiza que el desempeño fiscal reciente no debe interpretarse como una señal de estabilidad permanente. Por el contrario, el informe describe un modelo fiscal sostenido por ingresos extraordinarios y fondos federales temporeros, con debilidades persistentes en la gobernanza financiera y una economía que muestra signos claros de desaceleración.