La gobernadora Jenniffer González Colón sometió el lunes a la Legislatura un proyecto de ley para enmendar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, con el fin de simplificar y modernizar el proceso de reglamentación en las agencias del gobierno.
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El Proyecto de Administración 107 enmienda la Ley 38-2017, que rige la adopción de reglamentos en el gobierno de Puerto Rico, y busca establecer cambios al trámite vigente para aumentar la participación ciudadana, reducir costos administrativos y uniformar los procesos de publicación y revisión de reglamentos.
La medida, descrita por La Fortaleza como un esfuerzo para reducir burocracia, aumentar la transparencia y promover la eficiencia administrativa, redefine los mecanismos tradicionales de notificación y consulta pública que han regido por décadas la adopción de reglamentos en las agencias.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del requisito legal de publicar avisos de reglamentación en periódicos impresos y emisoras radiales, mecanismos que históricamente se utilizaron para garantizar que comunidades afectadas conocieran y participaran de los procesos regulatorios.
En su lugar, el proyecto centraliza la notificación en plataformas digitales, particularmente en el nuevo Boletín de Reglamentos de Puerto Rico, que funcionará como el canal oficial para divulgar propuestas de adopción, enmienda o derogación de reglamentos.
El gobierno argumenta que la digitalización reduce costos y elimina trabas que han dificultado la derogación de reglamentos obsoletos, aunque el cambio también desplaza el acceso a medios electrónicos como principal vía de participación.
Vistas públicas ya no serán automáticas
El proyecto también modifica el rol de las vistas públicas. Aunque los ciudadanos conservarán el derecho a solicitarlas y a presentar comentarios escritos por hasta 30 días, la celebración de vistas quedará a discreción de las agencias, salvo que una ley específica las requiera.
La administración sostiene que este modelo busca procesos más ágiles y efectivos, pero el cambio representa una ruptura con el esquema previo, en el que la vista pública era un componente central del proceso reglamentario.
La legislación introduce además la figura de la reglamentación negociada, un mecanismo mediante el cual las agencias podrán desarrollar reglamentos mediante comités con sectores afectados, antes de su publicación formal.
Según el Ejecutivo, este modelo promueve consenso temprano y reduce controversias. Sin embargo, limita la participación inicial a sectores seleccionados, con periodos de comentarios públicos más breves una vez el reglamento ya ha sido negociado.
La legislación entraría en vigor 180 días después de su aprobación.