La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico evaluó este lunes varias designaciones del Ejecutivo, entre ellas la de Fernando L. Díaz Rivera como Defensor de las Personas con Impedimentos, además de nominaciones a jueces del Tribunal de Primera Instancia, un fiscal auxiliar y una comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico.
Díaz Rivera, quien compareció ante la comisión, cuenta con una maestría en Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ha sido director regional de la Administración de Rehabilitación Vocacional y, desde 2019, se desempeña como ayudante ejecutivo del Municipio Autónomo de Barranquitas, con experiencia en procesos administrativos, accesibilidad y atención de querellas por derechos o servicios denegados.
Entre sus planes inmediatos, el nominado indicó que priorizará la visibilización de la Defensoría a nivel isla, el fortalecimiento de plataformas digitales, la evaluación del recurso humano, la revisión de procesos de querellas y jornadas educativas comunitarias.
A mediano plazo, anticipó la implantación de herramientas digitales accesibles, la cobertura de plazas esenciales, mejoras de infraestructura y mecanismos de servicio para la región montañosa. A largo plazo, aspiró a convertir la Defensoría en un modelo de accesibilidad gubernamental, con presencia permanente en todas las regiones. El cargo conlleva un término de diez años.
El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz subrayó que ese término busca garantizar independencia de criterio y una fiscalización robusta en defensa de las personas con impedimentos, e instó al nominado a exigir los recursos necesarios para cumplir con la encomienda. El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, cuestionó sobre el manejo de casos frívolos; Díaz respondió que se mantendrán vigilantes y actuarán conforme a la ley y el reglamento cuando corresponda.
El senador Ángel Toledo López indagó sobre proyectos prioritarios, a lo que Díaz respondió que impulsará la inclusión —incluida la accesibilidad como destino turístico— y una regionalización del servicio para acercarlo a comunidades del área central.
Por su parte, la senadora Migdalia Padilla Alvelo preguntó por la atención inmediata de prioridades; Díaz señaló la reorganización laboral, al indicar que cerca del 60% de las plazas están vacantes pese a contar con fondos, y que ya hay una convocatoria inicial para diez puestos, mayormente intercesores.
El senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez preguntó por acuerdos colaborativos; el nominado mencionó gestiones con Edificios Públicos, la Administración de Rehabilitación Vocacional y el Departamento de Educación para atender infraestructura y servicios.
Judicatura y Comisión Industrial
La comisión también evaluó a Geralyvette Torres Nazario como comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico; a Thaizza M. Rodríguez Pagán, Mónica Ballestero Pascual, Angie Acosta Irizarry y Alexis Álvarez del Valle como jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia; y a Helen Marie León Alvarado como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia. Los nominados expusieron su experiencia profesional y compromiso con la eficiencia procesal, la ética, la imparcialidad y el servicio público.
Al cierre de la audiencia, el presidente del Senado anticipó que las designaciones contaban con los votos para su confirmación durante la sesión de la tarde, al destacar la trayectoria académica y profesional de los nominados.