El Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico acogió hoy una petición de habeas corpus presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico y ordenó al gobierno federal no transferir fuera de Puerto Rico a Diogene Fermin Fernández, un inmigrante dominicano detenido por agentes federales el martes.
En su orden, el juez Pedro A. Delgado Hernández estableció además un término no mayor al 30 de enero de 2026 para que el gobierno provea una vista de fianza, advirtiendo que “si los demandados no proporcionan dicha audiencia dentro de este plazo, deberán liberar inmediatamente al peticionario”.
“Hoy, una vez más, el tribunal deja claro que el gobierno no puede utilizar el traslado acelerado como estrategia para evitar la revisión judicial y desarticular defensas legales en Puerto Rico”, expresó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico y abogado en el caso. “Esta orden protege el derecho del peticionario a una vista de fianza y reafirma que las detenciones civiles contra inmigrantes no pueden operar al margen de la Constitución”.
Diogene Fermín Fernández reside en Puerto Rico desde 2007 y fue intervenido por agentes federales el 20 de enero de 2026 mientras se dirigía a su trabajo en Villa Palmeras, un sector de alta concentración de comunidad dominicana en San Juan.
De acuerdo con la petición presentada ante el tribunal, el arresto ocurrió bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial, y culminó con su traslado al área oeste de Puerto Rico, donde permanecía bajo custodia federal enfrentando la amenaza de ser removido de la jurisdicción en cuestión de horas o días.
“Que esta determinación también sirva de ejemplo y alerta para los agentes y funcionarios federales que insisten en encerrar a personas inmigrantes de manera arbitraria, en lugar de garantizarles una evaluación justa y el acceso real a sus derechos, como lo es una vista de fianza en la jurisdicción en que son detenidos”, expresó la abogada de inmigración Julie Cruz Santana, quien es demandante en el caso en representación de Fermín Fernández.
La determinación judicial representa la segunda ocasión en esta semana, en que el Tribunal Federal en Puerto Rico interviene a favor de personas inmigrantes representadas por la ACLU de Puerto Rico, junto a la colaboración de la Clínica Legal de la Comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La organización recordó que ayer, jueves, también logró frenar el traslado fuera de Puerto Rico de Martín Medina de la Cruz, mediante una petición de habeas corpus que impugnó su detención como arbitraria y carente de base legal.
El recurso de habeas corpus argumentó que Fermín Fernández no es un riesgo de fuga ni representa peligro para la comunidad, y que su detención carece de una base legal válida. La ACLU de Puerto Rico recordó que continúa litigando el caso de un inmigrante haitiano detenido en Puerto Rico que fue trasladado a Florida a pesar de que la organización presentó un habeas corpus antes de que ocurriera el traslado. La ACLU sostiene que esa transferencia no debe utilizarse para evadir la jurisdicción del tribunal ni para impedir la revisión judicial de una detención que ocurrió en Puerto Rico.
La organización insistió en que seguirá utilizando el litigio para exigir que el gobierno federal respete el debido proceso, garantice el acceso a fianza en los casos correspondientes y detenga prácticas de perfilamiento racial y traslados punitivos que afectan desproporcionadamente a comunidades inmigrantes en Puerto Rico.