MADRID, España - El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz, rechazó el reclamo de más de $100 millones presentado por la empresa S2 Services Puerto Rico (S2PR) y aseguró que, a juicio del gobierno, no existe un contrato vigente.
En entrevista con Metro Puerto Rico, Negrón indicó que S2PR intentó trasladar el litigio para sacarlos del muelle de San Juan al foro federal, pero que el Gobierno radicó una moción para devolver el caso a la jurisdicción estatal, al entender que es el foro correcto para atender la controversia contractual. “Para mí el contrato es nulo. Si el contrato es inexistente, no hay base para reclamar pago alguno”, afirmó el funcionario.
Las expresiones de Negrón surgen luego de que el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, denunciara públicamente que S2PR exige en exceso de $100 millones para cesar operaciones y retirar sus equipos del área de los muelles en Puerto Nuevo, tras la cancelación del programa de escaneo de furgones anunciada el 25 de agosto de 2025 por la gobernadora Jenniffer González Colón.
Siguen cobrando, pero sin desembolsos
Negrón explicó que, aunque el cargo especial asociado al programa de escaneo continúa cobrándose por mandato legal y reglamentario, la Autoridad de los Puertos no ha desembolsado dinero a S2PR desde la cancelación del contrato. “Todo lo que se ha cobrado está en Puertos. No se le ha pagado más dinero a la empresa”, sostuvo.
El director reconoció que S2PR permanece físicamente en las instalaciones, pero recalcó que la agencia está atendiendo el asunto por las vías legales correspondientes y que el caso está en manos del Departamento de Justicia, que es quien presentó la demanda.
La controversia ocurre en medio de señalamientos sobre el contrato de escaneo de furgones. Investigaciones periodísticas y requerimientos de la Junta de Control Fiscal han documentado que el Gobierno pagó decenas de millones de dólares a la empresa mientras el contrato no figuraba vigente en el Registro del Contralor, así como cuestionamientos sobre la efectividad del programa, que operó por casi 15 años sin confiscaciones significativas de contrabando atribuidas directamente al sistema.
Negrón reiteró que la posición oficial de Puertos es que el contrato no está vigente y que cualquier reclamación económica de la empresa deberá resolverse en los tribunales. “Vamos a esperar que el tribunal se exprese, pero nuestra postura es clara”, concluyó.