La discusión en torno a la segunda fase de la reforma contributiva tiene en el centro del debate una propuesta que ha generado amplio rechazo entre sectores económicos, comunitarios y energéticos: la eliminación de la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los equipos y sistemas de energía solar.
La medida forma parte de los mecanismos que la gobernadora Jenniffer González Colón presentó para compensar el costo fiscal de la reducción de tasas contributivas, estimado en unos $550 millones. Sin embargo, líderes legislativos de mayoría y minoría han dejado claro que no darán paso a lo que entienden sería, en la práctica, un nuevo impuesto que impactaría directamente a la clase media y a la política pública de transición energética.
Desde la industria solar, el principal señalamiento es que gravar los sistemas de placas y baterías altera por completo la ecuación económica que ha permitido a miles de familias sustituir su factura eléctrica por un pago estable y predecible.
El principal oficial de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, en inglés), Javier Rúa Jovet, sostuvo que el efecto del impuesto no es marginal, sino estructural, ya que encarece tanto la compra como el arrendamiento de los sistemas, modalidad utilizada por la mayoría de los hogares.
“Aquí lo que se está haciendo es poniéndole IVU a todos los equipos solares, placas, inversores, baterías, pero también a las ventas y a los arrendamientos [...] Cada costo que se le ponga, eso cambia la ecuación y desacelera la tasa de crecimiento en el mercado”, aseguró Rúa Jovet.
El ejecutivo detalló que un sistema residencial promedio, con un costo cercano a los $30,000, tendría que pagar más de $3,400 adicionales en IVU si se trata de una compra directa, mientras que en los arrendamientos —que representan alrededor de 140,000 de los cerca de 200,000 sistemas instalados— el impuesto se aplicaría mensualmente durante contratos que pueden extenderse por 20 años.
Explicó, además, que aunque existe consenso sobre la necesidad de una reforma contributiva para la clase media, el desacuerdo surge cuando se pretende financiar agravando tecnologías esenciales.
“Yo creo que el país completo está de acuerdo que lo correcto es hacer una reforma contributiva para la clase media, recalibrar esas tasas de forma más justa. Eso es un tema. Sin embargo, yo creo que el país igualmente está en contra de que esa legislación se financie poniéndole impuestos a tecnologías de primera necesidad, como solar y baterías y paneles e inversores, que son las tecnologías mediante las que la gente está salvando sus vidas y su economía desde la red”, destacó Rúa Jovet.
Desde el punto de vista económico, el argumento del director de la Liga de Cooperativas y economista, Heriberto Martínez Otero, es que imponer un impuesto sobre una tecnología que el propio Estado busca promover contradice los objetivos de desarrollo energético y, a largo plazo, podría “resultar contraproducente para las finanzas públicas”.
“Tenemos, por un lado, la reducción en las tasas contributivas para las familias trabajadoras, pero sí hay un problema de que ahora vamos a tener que aplicar, a los paneles solares, un impuesto de 11.5 %, cuando lo que deberíamos es estar promoviendo la transición energética, las energías renovables y evitar los combustibles fósiles [...] Es un poquito contradictorio hablar de desarrollo económico, hablar de transición energética y que le pongamos un impuesto a las placas solares”, advirtió Martínez Otero.
Asimismo, sostuvo que la reforma, tal como se ha presentado, no constituye una transformación estructural del sistema contributivo.
“De entrada, esto no es necesariamente una reforma contributiva. Esto es más un ajuste de tasa, porque es una revisión de las tasas contributivas en un modelo que ciertamente es confiscatorio para las clases trabajadoras del país”.
Por su parte, el director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, sostuvo que el posible impuesto representa un intento reiterado de frenar la democratización de la generación eléctrica.
“Para mí, el gobierno está buscando maneras de declararle guerra a que la gente participe y se democratice el tema; es como una forma de prevenir (que se vendan los sistemas solares) [...] En el manejo de la crisis energética, está el gobierno con su postura de hacer una extensión eléctrica: proponen gasoductos, proponen nuevas plantas de gas, proponen los mismos problemas. [...] El gobierno traicionó el promover las metas de energías renovables. Están diciendo que no tienen voluntad y que no van a invertir en energías renovables”, puntualizó.
Massol Deyá añadió que las iniciativas ciudadanas de generación distribuida han tenido un efecto directo en la mitigación de apagones y en la estabilidad del sistema, por lo que cuestionó que se busque desincentivarlas.
“Una de las alternativas es acercar la generación a donde se usa, y eso lo hacemos proponiendo poner solares en los techos. Esa acción de ejercicios personales mitigan los apagones, están aportando a la generación, liberan energía que no puede producir, que el gobierno no puede producir, la gente está liberando por el día”, insistió Massol Deyá.
El líder comunitario también cuestionó el efecto de imponer cargas adicionales a tecnologías que, según este, deberían ampliarse a más sectores de la población.
“¿Cómo es posible que te quieran penalizar, desincentivar, desmovilizar? Y eso, evidentemente, no es por el interés de la gente, obviamente es porque no responden al interés del país”, concluyó.
La mirada legislativa
El exrepresentante Jesús Santa Rodríguez recordó que los intentos previos de reforma contributiva han enfrentado dificultades similares a la reforma propuesta actualmente, particularmente en la identificación de fondos para compensar la reducción de ingresos al Estado.
“El reto principal es identificar los fondos que son necesarios o las acciones porque no solamente son fondos adicionales, las acciones que tú tienes que identificar para poder manejar lo que significa una reforma, que es una reducción de ingresos al gobierno, porque lo que estás haciendo es que la gente tenga ese dinero y no lo pase al gobierno”, dijo.
Sobre la controversia relacionada con el impuesto a los sistemas solares, Santa Rodríguez indicó que el asunto no fue bien recibido durante las vistas públicas. Añadió, además, que el planteamiento choca directamente con la política pública existente.
Las expresiones del exlegislador hacen referencia a la vista pública celebrada en la Cámara de Representantes como parte del análisis del proyecto de reforma contributiva, en la que compareció el componente fiscal del gobierno.
Durante esa audiencia, el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier, adelantó que la Cámara no aprobaría “nada que sea o parezca un impuesto”, al expresar reparos sobre la eliminación de la exención del IVU a los sistemas de placas solares y a los equipos de energía renovable.
En esa misma vista, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, sostuvo que la reforma seguiría siendo viable aun si se mantenían dichas exenciones, mientras que el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, reconoció que, de descartarse esos renglones, habría que identificar fuentes alternas de recaudo para cuadrar el impacto fiscal del proyecto.
En el Senado, también se ha levantado bandera sobre este aspecto de la reforma.