El Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) presentaron ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado los elementos fiscales y presupuestarios que, según las agencias, permitirían viabilizar la reducción en las tasas contributivas individuales contenida en el Proyecto del Senado 912.
El Departamento de Hacienda explicó que la reducción contributiva se financiaría mediante la eliminación de exenciones contributivas específicas y una política sostenida de disciplina fiscal, cumpliendo con la neutralidad fiscal impuesta por la Junta de Supervisión.
Las exenciones derogadas no afectan directamente el costo de vida y permiten ampliar la base contributiva sin aumentar la carga fiscal neta.
“El esfuerzo no tiene el fin de que el Estado recaude más ingresos”, dijo el equipo fiscal, señalando que la eliminación de exenciones busca compensar los alivios contributivos otorgados a los individuos.
Entre las exenciones eliminadas se incluyen el descuento de 5 y 8% de la Ley 257-2018 ($280.4 millones), la exención de arbitrios a vehículos eléctricos desde el 1 de julio de 2026 ($30 millones) y exenciones al IVU para equipos solares y materiales promocionales importados ($19 millones).
Ajustes de gasto para generar espacio fiscal
La Oficina de Gerencia y Presupuesto indicó que, en la formulación del presupuesto 2027, se ordenó a las agencias reducir al menos 5% de sus gastos operacionales, enfocándose en servicios profesionales, consultivos y comprados.
Estas reducciones representan aproximadamente $227 millones integrados como economías permanentes al presupuesto. La OGP sostuvo que estos ajustes no afectaron servicios esenciales y constituyeron un componente central del espacio fiscal necesario para la reforma contributiva.
AAFAF advierte sobre la necesidad de mantener la neutralidad fiscal
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal informó que las medidas contributivas y presupuestarias fueron evaluadas con la Junta de Supervisión para garantizar el cumplimiento del Plan Fiscal certificado y la Ley PROMESA.
Las agencias advirtieron que cualquier enmienda al proyecto requeriría identificar fuentes alternas de recaudos para mantener la neutralidad fiscal.
“De enmendar las disposiciones del proyecto, es importante que esta Asamblea Legislativa identifique las fuentes alternas de recaudos que permitan que la medida continúe cumpliendo con el principio de neutralidad fiscal”, expusieron.
Impacto sobre la clase media y la política energética
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio señaló que las tasas actuales en Puerto Rico se encontraban entre las más altas frente al sistema federal, especialmente para la clase media trabajadora. Un contribuyente con ingresos de $61,500 pagaba una tasa marginal de 33%, mientras que bajo el sistema federal sería aproximadamente 22%.
El DDEC aclaró que la eliminación de exenciones no afecta la política energética ni desincentiva la transición hacia energías renovables. La agencia señaló que la decisión sobre financiamiento corresponde principalmente a Hacienda y a la OGP dentro de una reforma integral.
Números del proyecto “no reflejan la realidad”
Fuera de la vista pública, el senador Eliezer Molina, quien forma parte de la Comisión de Hacienda, cuestionó la viabilidad de los cálculos presentados por las agencias y señaló que la propuesta no constituye “una reforma contributiva que está apostando en un supuesto y en nada que sea tangible”.
El legislador sostuvo que, aunque las agencias alegan una reducción de $200 millones en el gasto público, “no lo cuantifican, no tenemos una tabla que pueda identificarlo y poder creerlo”. Molina añadió que varias de las medidas del proyecto consisten en aumentar arbitrios e impuestos indirectos, como el IVU, sobre bienes que antes contaban con exenciones.
“Están gravando el consumo, ellos están alegando que va a haber tanta cantidad de dinero en ventas, en placas solares y en carros eléctricos, cuando saben que no lo van a ver, no van a llegar, por supuesto, porque al aumentar los arbitrios, se reduce, se contrae el consumo”, explicó.
El senador afirmó que los números proyectados “no son números reales, son números en base a algo que tiene una excepción contributiva que ahora no lo va a tener” y citó como ejemplo la eliminación de la exención a los vehículos eléctricos, cuyo impacto se estima en $30 millones. También criticó la falta de priorización por parte del Ejecutivo sobre la asignación de recursos.
Molina indicó que su oficina solicitará información adicional para evaluar el proyecto y su impacto fiscal. “Vamos a solicitar más información, estamos tratando de hacer información, no lo van a ver, haremos un análisis exhaustivo, y presentaremos nuestra recomendación”, dijo.