El histórico Tratado Global sobre los Océanos, conocido como Tratado de Alta Mar, comenzó a operar oficialmente este sábado, marcando el inicio de una nueva etapa a nivel mundial para la protección de la vida marina en aguas internacionales.
El denominado Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) establece, por primera vez, un marco legal vinculante para proteger la biodiversidad en alta mar, áreas que representan casi la mitad de la superficie del planeta.
Tras ser ratificado por 82 países, el tratado se convierte en ley internacional y garantiza, además, que los beneficios derivados del uso de los recursos oceánicos se distribuyan de manera equitativa entre los Estados, particularmente aquellos con menos capacidades tecnológicas y científicas.
El texto contempla la delimitación de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, fija obligaciones para asegurar el uso sostenible de los recursos oceánicos, prioriza el desarrollo de capacidades y el acceso a tecnología, y establece mecanismos para una distribución justa de los beneficios derivados de la biodiversidad marina.
Aunque algunas de las disposiciones legales dependerán de la creación de las instituciones y mecanismos previstos en el acuerdo, varias obligaciones deberán implementarse de manera inmediata.
Entre ellas, se exige la realización de evaluaciones de impacto ambiental cuando se planifiquen actividades en zonas fuera de la jurisdicción nacional o cuando actividades dentro de jurisdicciones nacionales puedan tener un impacto significativo en alta mar.
Asimismo, los gobiernos estarán obligados a notificar públicamente estas actividades y a promover los objetivos del tratado en otros foros internacionales, incluidos aquellos que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.
Tras la entrada en vigor del acuerdo, se anticipa que la primera Conferencia de las Partes del Tratado se celebre en Nueva York antes del 17 de enero de 2027, según informó esta semana Adam McCarthy, primer secretario adjunto del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia y copresidente del Comité Preparatorio del BBNJ.