La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC) se unieron con un recurso de Amigos de la Corte a la demanda que instó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la gobernadora Jenniffer González Colón por negar acceso a periodistas a La Fortaleza.
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“La controversia planteada ante el foro, amén de ser de alto interés público, tiene el potencial de incidir significativamente en la habilidad de los periodistas para cubrir temas fundamentales para la ciudadanía en general, y fiscalizar el desempeño gubernamental en particular”, indican las organizaciones periodíticas en el recurso como parte interventora radicado ayer jueves por el abogado Francisco Ortiz Santini, en representación de la Asppro y el OPC. Ortiz Santini es un experimentado abogado en casos de libertad de prensay es profesor en temas de legislación de medios en la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico.
La jueza superior, Iris L. Cancio González, quien tiene asignada la demanda, acogió hoy la solicitud de la Aspro y la OPC.
La Fortaleza ha impedido, en varias instancias, que periodistas del CPI accedan a conferencias de prensa de la gobernadora amparándose en que no tienen la identificación del Departamento de Estado.
El carné que otorga el Departamento de Estado a periodistas y fotoperiodistas es de carácter voluntario. No es ni ha sido nunca un requisito para ejercer la profesión periodística en Puerto Rico. Esa identificación se estableció hace varias décadas para facilitar el acceso a estacionamientos designados en instituciones públicas y en eventos de interés noticioso a periodistas que soliciten una tablilla especial que identifique su vehículo como “ de prensa” al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). En los últimos años, esa certificación ha servido como identificación a periodistas que laboran de forma independiente y no tienen ninguna otra acreditación.
“Aun con cualquiera que sea al reglamento, el gobierno no puede utilizar el criterio de la tenencia de una identificación emitida por el Departamento de Estado para decidir, quien como periodista, le puede fiscalizar y quién no. Hacerlo es una violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión”, afirmó la presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá.
Mientras que la presidenta del OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía, dijo que “el único fin de las certificaciones que emite el Departamento de Estado es permitirle a los periodistas una tablilla especial que puede ser removible para estacionarse en las áreas designadas para prensa en determinados lugares. Algunos periodistas les interesa obtenerla y a otros no, por lo que no todos los periodistas solicitan esa certificación. Pero de manera caprichosa e ilegal, la Gobernadora pretende que quienes han obtenido esa certificación sean los únicos que pueden acceder a sus conferencias de prensa. Los periodistas no podemos acceder a requerimientos arbitrarios que buscan reducir el número de personas que fiscalizan la gestión pública de la Gobernadora”.