El Gobierno defendió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que la reforma contributiva propuesta cumpliría con el principio de neutralidad fiscal exigido por la Junta de Control Fiscal, al financiar la reducción de tasas contributivas mediante la eliminación de exenciones específicas y recortes permanentes al gasto público.
Así lo expusieron el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en la ponencia sometida como parte de la evaluación legislativa del proyecto que enmendó múltiples secciones del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011.
Según el memorial, las agencias fiscales plantearon que la reducción de la carga contributiva a los individuos se diseñó dentro de los parámetros del Plan Fiscal certificado bajo PROMESA.
El documento expresó que “la reducción de tasas contributivas se financiará mediante la derogación de ciertas exenciones al Impuesto sobre Ventas y Uso que no inciden directamente en el costo de vida, junto con una política sostenida de disciplina gubernamental y reducción de gastos en el presupuesto”.
Durante la vista pública, el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, detalló que los fondos identificados para cubrir el impacto fiscal de la reforma provinieron de ahorros generados por la simplificación del sistema contributivo, la eliminación de exenciones y la reducción de gastos operacionales incorporados en los presupuestos recientes. En su comparecencia ante el presidente de la Comisión, Eddie Charbonier Chinea, explicó que la derogación del descuento contributivo de 5 % y 8 % representó un ahorro estimado de $280 millones.
Rivera Berríos también desglosó los recaudos derivados de la eliminación de otras exenciones contributivas. Entre ellas, mencionó la exención de arbitrios a vehículos híbridos y eléctricos vendidos luego del 1 de julio de 2026, con un impacto estimado de $30 millones, la exención del IVU aplicable a materiales promocionales importados, con $1 millón, y la exención del IVU para equipos solares eléctricos, con aproximadamente $18 millones. “Eso totaliza 329 millones”, sostuvo el funcionario durante la vista pública.
A esos ingresos se sumaron los recortes al gasto público incluidos en el presupuesto del año fiscal 2026 y proyectados para el 2027, particularmente en las partidas de servicios profesionales y servicios comprados. Rivera Berríos indicó que esos ajustes representaron alrededor de $227 millones adicionales y que, al considerar el total de medidas, el resultado fiscal superó el costo estimado de la reforma.
Las agencias fiscales señalaron en la ponencia que estas decisiones respondieron directamente al requisito de neutralidad fiscal impuesto por la Junta de Supervisión. En ese contexto, el documento indicó que “el Principio de Neutralidad Fiscal exige que cualquier reducción en ingresos contributivos esté acompañada de la identificación de ingresos sustitutos o de reducciones de gastos recurrentes, de modo que no se comprometan las metas fiscales certificadas”.
Desde la perspectiva de la AAFAF, la ponencia subrayó que las derogaciones de exenciones se integraron de forma prospectiva y se alinearon con los criterios del Plan Fiscal 2024 revisado, particularmente aquellos relacionados con la ampliación de la base contributiva y la limitación de gastos tributarios considerados ineficientes. El texto sostuvo que, al considerar estas medidas junto con la disciplina presupuestaria alcanzada, la reforma mantuvo compatibilidad con PROMESA.
El documento también destacó que el diseño de la reforma se apoyó en la certificación del primer presupuesto balanceado por parte de la Junta de Supervisión durante el verano de 2025, lo cual se presentó como evidencia de una disciplina fiscal sostenida. Según la ponencia, ese logro permitió identificar espacio fiscal suficiente para implantar reducciones contributivas de forma recurrente.
Las agencias fiscales recomendaron la aprobación de la reforma contributiva al entender que la medida redujo la carga contributiva de los individuos sin afectar la estabilidad fiscal del Gobierno ni el cumplimiento continuo con el Plan Fiscal certificado.