La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico advirtió que el Proyecto del Senado 923, que propone enmendar el artículo 92 del Código Penal para redefinir “ser humano” como el concebido en cualquier etapa de gestación, tendría el efecto de criminalizar de forma absoluta el aborto en la Isla, al tiempo que pondría en riesgo derechos fundamentales de mujeres, niñas y personas gestantes.
La directora ejecutiva de la organización, Annette Martínez Orabona, expresó que, tal como está redactada la medida, resulta contraria al Estado de derecho y desconectada de la realidad social, médica y legal del país.
“El Proyecto del Senado 923, tal como está redactado y presentado, constituye una criminalización absoluta del aborto en Puerto Rico. Es contrario al Estado de derecho y pone en riesgo el derecho a la vida y seguridad de las mujeres, las niñas y las personas gestantes”, sostuvo la licenciada en expresiones autorizadas.
Martínez Orabona indicó que, aunque la ACLU de Puerto Rico analizará a fondo la medida y sus implicaciones, desde una primera lectura “resulta evidente” que el proyecto no toma en cuenta la jurisprudencia vigente ni el impacto que tendría en múltiples escenarios.
“Resulta evidente que el proyecto se formuló desde una óptica que no toma en cuenta la jurisprudencia vigente, y mucho menos su impacto en escenarios diversos”, afirmó.
En ese contexto, la directora ejecutiva planteó interrogantes sobre situaciones como casos de violencia sexual, el acceso a servicios de salud y la práctica médica.
“¿Qué ocurriría en casos de violencia sexual contra niñas y mujeres y su acceso a una terminación de embarazo? ¿Dónde queda el derecho a la salud y el deber de los profesionales de la medicina de actuar en situaciones de riesgo —o recomendar un curso de acción— conforme a su criterio clínico, y no bajo la amenaza de cárcel?”, cuestionó, al subrayar que “la respuesta a estos y muchos otros escenarios no puede ser la criminalización”.
La organización también reclamó que, de considerarse el proyecto en la Legislatura, se garantice un proceso participativo y transparente.
“Lo primero que debe garantizarse es una discusión amplia y profunda, mediante vistas públicas reales en las que participen todas las partes afectadas”, señaló Martínez Orabona, incluyendo organizaciones que educan sobre derechos reproductivos, entidades que promueven el acceso a abortos seguros y profesionales de la salud.
Además, la ACLU de Puerto Rico advirtió contra la aprobación acelerada de legislación sin el debido proceso deliberativo.
“No puede repetirse con este proyecto —ni con ningún otro— lo ocurrido con múltiples medidas aprobadas en 2025: un trámite expedito, sin vistas públicas, o con vistas públicas proforma o inexistentes, y votaciones por descargue”, expresó la directora.
A estas expresiones se sumaron las delegaciones legislativas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado, que rechazaron la propuesta impulsada desde La Fortaleza por la gobernadora Jenniffer González Colón.
Los legisladores independentistas advirtieron que la medida criminaliza el aborto y representa un retroceso en los derechos de las mujeres.
“El liderato del Partido Nuevo Progresista, en repetidas ocasiones, ha declarado su intención de ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos, y hacia eso se dirigen”, sostuvo la senadora María de Lourdes Santiago en declaraciones escritas.
“La gobernadora y sus legisladores nos quieren obligar a un retroceso de décadas en la lucha de las mujeres por sus derechos”, añadió.
Las legisladoras reaccionaron a la radicación del Proyecto de la Cámara 1025 y del Proyecto del Senado 923, ambos provenientes de La Fortaleza, que proponen enmendar el artículo 92 del Código Penal para establecer que, para efectos del delito de asesinato, el término ser humano incluya al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
Santiago advirtió que la propuesta crea un choque con disposiciones vigentes del Código Penal y con la normativa judicial que permite la terminación de embarazos por razones médicas, al tiempo que expone a las mujeres a penas de hasta 99 años de prisión.
Por su parte, la representante Adriana Gutiérrez sostuvo que la medida no es aislada, sino parte de un patrón legislativo más amplio.
“Esta no es una medida aislada, sino que se une a otras iniciativas que buscan imponer el control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres, descartando consideraciones salubristas y de derechos humanos”, expresó en declaraciones escritas.
Las delegaciones del PIP advirtieron además que la aprobación de estas medidas podría dar paso a interpretaciones judiciales que restrinjan gravemente los derechos de las mujeres y expongan tanto a pacientes como a profesionales de la salud a consecuencias penales.
El Proyecto del Senado 923 propone enmendar el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico para incluir al concebido en cualquier etapa de gestación dentro de la definición de ser humano, y dispone que la ley entre en vigor inmediatamente tras su aprobación.