De cara al inicio de la próxima sesión legislativa ordinaria, pautada para el lunes 12 de enero en el Senado, analistas políticos coincidieron en que la reforma contributiva figuró como el asunto de mayor peso en la agenda legislativa, junto con el manejo del presupuesto, los nombramientos pendientes y las limitaciones fiscales impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal.
El analista Jorge Colberg Toro sostuvo que la reforma contributiva debía iniciar en la Cámara de Representantes, como ocurrió históricamente con medidas de impacto fiscal, y subrayó que el primer paso consistía en identificar recursos recurrentes, con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal.
“La clave es con qué lo vas a financiar, que sea un financiamiento recurrente y que tenga el aval de la junta”, expresó el analista, al advertir que no podían utilizarse ahorros temporeros para sostener reducciones permanentes en tasas contributivas.
Según indicó, desde el Ejecutivo se discutieron cifras que fluctuaron entre los $350 millones y $500 millones, lo que limitaría el alcance de cualquier reducción. “Vamos a ver quizás algunas reducciones en algunas tasas contributivas de varios por ciento, pero no va a ser algo significativo”, afirmó Colberg Toro.
De igual forma, Ramón Rosario coincidió en que la reforma contributiva representa el principal compromiso de política pública pendiente, luego de que no se concretara durante el primer año del cuatrienio. A su juicio, aprobarla temprano en la sesión permitiría evaluar su aplicación a las planillas del año en curso.
“Es bien importante que lo logren ejecutar al principio de esta sesión para ver si puede dar incluso tiempo a aplicarlo a las planillas”, señaló Rosario, y advirtió que un nuevo retraso podría generar tensiones políticas entre la Legislatura y el Ejecutivo.
Ambos analistas destacaron que cualquier reforma debía mantenerse presupuestariamente neutral, un requisito reiterado por la Junta de Supervisión Fiscal. Rosario advirtió que, de no cumplir ese criterio, la Junta podría invalidar la medida. “Sería como si no hubieran hecho nada”, expresó.
Impuesto al inventario y prioridades fiscales
El posible alivio al impuesto al inventario también figuró entre los temas recurrentes, aunque ambos analistas coincidieron en que competiría directamente con la reforma contributiva por los mismos recursos.
Colberg Toro planteó que, aun si el gobierno lograba identificar fondos adicionales, tendría que decidir entre múltiples demandas fiscales, incluyendo la eliminación parcial del impuesto al inventario, la reducción en el pago de la luz o la restitución de la fórmula presupuestaria de la Universidad de Puerto Rico.
“Lo que se logra identificar, tienen que definir en qué lo vamos a utilizar”, sostuvo. Además señaló que solo la restitución de la fórmula universitaria representaría cerca de $750 millones.
Además, apuntó que la Junta y el CRIM habían señalado deficiencias en el cobro de contribuciones municipales.
“Tú le estás pidiendo a la legislatura que te busque $314 millones cuando, según el último informe fiscal del CRIM, se quedan $850 millones sin cobrar”, expresó, al cuestionar la eficiencia de los municipios antes de sustituir ese ingreso.
Rosario indicó que el presidente del Senado adelantó que el impuesto al inventario se evaluaría junto con la reforma contributiva para evitar desbalances fiscales.
“De nada vale eliminar un impuesto particular y tener que legislar otros impuestos para sustituir esa deficiencia”, sostuvo.
Nombramientos y fiscalización de PRITS
En cuanto a los nombramientos pendientes, ambos analistas señalaron que las confirmaciones al inicio de la sesión serían determinantes para marcar el tono del segundo año legislativo.
Rosario sostuvo que lograr confirmar temprano a los designados para PRITS, DACO y Agricultura permitiría al gobierno comenzar la sesión “con el pie derecho”, tras los tropiezos de sesiones anteriores.
Sin embargo, Colberg Toro y Rosario coincidieron en que el mayor escrutinio recaería sobre PRITS, no necesariamente por el nominado, sino por el poder y discreción de la oficina.
Colberg Toro recordó que, según informes de transición, PRITS otorgó contratos por más de $2,000 millones durante el cuatrienio pasado. “Es una oficina extremadamente poderosa”, expresó y señaló que controla el sistema de información del gobierno y maneja fondos locales y federales significativos.
Rosario añadió que históricamente esa oficina enfrentó dificultades para confirmar nominados debido a los intereses económicos envueltos.
“La contratación de tecnología, que son cientos de millones de dólares, pasa por esa oficina”, indicó.
Ambos coincidieron en que la Legislatura debía evaluar no solo al funcionario designado, sino también la estructura legal y los mecanismos de fiscalización de la agencia.
Otros asuntos legislativos
Colberg Toro mencionó que también podrían surgir temas relacionados con legislación ambiental, interpelaciones y posibles ajustes al sistema eléctrico, dependiendo de decisiones contractuales pendientes. No obstante, reiteró que el eje central de la sesión giraría en torno a la estabilidad económica y fiscal.
“La clave es el tema económico y financiero, porque va a determinar la viabilidad de todo lo demás”, sostuvo.