El presidente del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (CoPEP), Roberto Sueiro Del Valle, envió una carta al designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Mercado, y al Senado para cuestionar la extensión de seis meses en la entrada en vigor de la orden administrativa relacionada con el cobro del llamado promoter fee en la venta de boletos para eventos.
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En la misiva, con fecha del 11 de enero de 2026, el también abogado se refiere a la Orden Administrativa 2025-009, que dispone el cese y desista del cobro del promoter fee, y a la Orden 2025-012, que extendió su vigencia hasta el 1 de julio de 2026 con el propósito de permitir la realización de estudios económicos y la creación de mecanismos para su implementación.
Según expone la carta, la extensión ha provocado confusión pública, particularmente porque el propio designado secretario ha expresado en vistas de confirmación en el Senado y en entrevistas a medios de comunicación que su enfoque sobre los cargos adicionales en la venta de boletos se centra en la transparencia y el desglose de los costos, y no necesariamente en su eliminación.
De acuerdo con el escrito, Torres Montalvo ha sostenido que, si los cargos están debidamente desglosados y el consumidor conoce de antemano el total a pagar, la transacción no sería ilegal.
Ante esa postura, el Colegio cuestiona qué se propone estudiar durante el período de extensión, cuando —según la carta— ya se ha expresado públicamente que el análisis gira en torno a la divulgación y transparencia de los cargos. “La pregunta obligada es qué se va a comisionar para estudio sobre una orden que dispone el cese del cobro”, plantea el documento.
La carta también hace referencia a la Ley 209 de 2016, conocida como la Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra, y a determinaciones administrativas y judiciales previas relacionadas con otros cargos, como el facility fee, para contextualizar el debate sobre los cargos adicionales en la industria del entretenimiento.
Asimismo, CoPEP repasó su historial de oposición a diversos cargos aplicados en la venta de boletos, incluyendo order fees, transaction fees, web fees, facility fees y promoter fees, alegando que muchos de ellos surgen de contratos de exclusividad entre boleterías y facilidades.
Como alternativa a la extensión de la orden, el Colegio propuso que el DACO ordene que los recaudos por estos cargos se mantengan en cuentas de escrow mientras se atiende el asunto, de manera que los consumidores puedan recuperar lo pagado si así se determina posteriormente.
La carta concluye exhortando al Senado a considerar estas preocupaciones en el proceso de confirmación del designado secretario, con el fin de garantizar que el DACO mantenga una política clara y consistente en la defensa de los intereses del consumidor.
El pasado 27 de octubre, la exsecretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, había emitido la orden para prohibir que los productores de eventos pudieran cobrar al consumidor un cargo por separado a beneficio del promotor (promoter fee), al momento de la compra de un boleto.