La reprogramación de la sentencia en el caso federal contra la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced mantiene la expectativa sobre qué podía considerar el tribunal al momento de imponer la pena.
El abogado con práctica federal, Francisco Reyes Caparrós explicó que el proceso comenzó con el informe presentencia. Ese documento recogió entrevistas, historial laboral, antecedentes y otros factores que orientaron al tribunal.
“Lo que hace es ir a las casas, ver historial de trabajo, ver historial de violencia y otros actos, y le hace una recomendación a la jueza”, explicó.
Según indicó, el informe no resultó definitivo. La fiscalía y la defensa tuvieron oportunidad de objetarlo.
“Se le dio la oportunidad tanto al fiscal como a la defensa para revisar, imputar o parar el informe que rindió el oficial de probatoria”.
La estrategia de la defensa: aislar la conducta
La defensa de la exgobernadora intentó presentar el delito como un episodio aislado dentro de una carrera en el servicio público.
Reyes Caparrós recordó que, en casos similares, los tribunales habían optado por sanciones alternativas.
“Cuando uno lo evalúa fuera de las pasiones y de la presión mediática, la norma en casos como este es una multa y horas de servicio comunitario”.
La fiscalía pidió que el tribunal evaluara el contexto completo y destacó que los hechos ocurrieron desde una posición de poder. Ese enfoque buscó reforzar la responsabilidad pública que acompañó el cargo.
Reyes Caparrós señaló que la jueza mantiene un margen amplio de discreción.
“La determinación final queda en manos de la jueza… quien tiene discreción para imponer desde probatoria hasta una pena de prisión”.
El factor externo: presión pública
El analista advirtió que los casos de alto perfil transcurrieron bajo escrutinio social.
“Cuando el pueblo está demandando justicia, los jueces lo sienten, los fiscales lo sienten y los abogados también”, observó.
Ese ambiente, sostuvo, influye en la forma en que los actores del sistema evalúan sus decisiones.
El delito por el cual Vázquez Garced se declaró culpable permite hasta un año de cárcel, pero también contempla sanciones menos severas.
“Es un delito menos grave que conlleva hasta un año de cárcel a nivel federal”.
De acuerdo con Reyes Caparrós, la sentencia dependerá de tres factores principales: el peso que el tribunal atribuya al informe presentencia, la valoración del rol de poder en los hechos, y el alcance que el tribunal conceda a alegaciones que no formaron parte del cargo final.