Los abogados Rolando Emanuelli y John Mudd afirmaron que la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal en la disputa sobre el contrato suplementario de LUMA Energy complica significativamente la posibilidad de que el caso regrese al tribunal estatal, y podría llevar la decisión sobre jurisdicción ante la jueza federal Laura Taylor Swain a principios de 2026, posiblemente marzo.
La jueza federal Laura Taylor Swain estableció un calendario que marca los próximos pasos: el gobierno de Puerto Rico tiene hasta el 12 de enero de 2026 para solicitar un remand y devolver las demandas al foro estatal, mientras que las partes tendrán hasta el 2 de febrero para presentar oposiciones y hasta el 16 de febrero para responder a escritos de contrariedad. Swain también dejó en suspenso cualquier interdicto provisional hasta que se resuelvan estas mociones.
Emanuelli explicó que el proceso se basa en el mecanismo de removal, previsto por la Constitución federal, que permite trasladar un caso iniciado en un tribunal local a un tribunal federal si se cumplen ciertos criterios. Según Emanuelli, una vez se solicita el remand, LUMA y la Junta de Supervisión Fiscal tienen derecho a presentar oposiciones, lo que complica la resolución del caso.
“Antes de que se metiera la Junta, las probabilidades de que la jueza devolviera el caso al foro local eran altísimas. Pero al involucrarse la Junta, que trae el tema del plan fiscal, podría la jueza decidir que tiene que conocer el caso bajo Título III”, afirmó Emanuelli. Añadió que aunque Swain mantenga el caso en federal, el derecho local seguirá siendo determinante, por lo que las alegaciones sobre la nulidad del contrato deberán evaluarse conforme al Código Civil de Puerto Rico.
Por su parte, el licenciado Mudd coincidió en que la intervención de la Junta cambia el panorama. Destacó que Swain ya dio indicios de que la controversia sobre el contrato podría resolverse en federal y que la decisión sobre jurisdicción probablemente se conocerá en marzo de 2026.
“Todo apunta a que la decisión sobre la jurisdicción se conocerá en los próximos meses, posiblemente para marzo de 2026”, dijo.
Mudd agregó que mientras no se resuelva el remand, cualquier solicitud de interdicto provisional contra LUMA queda en suspenso y que la intención de la Junta de intervenir formalmente podría extender los tiempos del proceso.
Emanuelli explicó que la participación de la Junta introduce un elemento que podría ampliar los poderes del ente fiscal sobre el Gobierno. En su opinión, si la jueza acepta el argumento de la Junta de que el plan fiscal “ocupa el campo” del derecho local, esto podría validar un contrato que de otra manera sería considerado nulo bajo la ley puertorriqueña.
Por su parte, Mudd consideró que, aunque la Junta influye en los tiempos y en la estrategia, la corte federal probablemente tendrá la última palabra sobre la jurisdicción antes de entrar al fondo del litigio, y que la decisión de Swain definirá si el caso sigue en federal o retorna al tribunal estatal.