Las organizaciones a cargo de la campaña Migrar es un derecho exigieron explicaciones a la gobernadora Jenniffer González Colón, al secretario de Salud, Víctor Ramos, y al director interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico, Yariel Ramos, ante la ejecución de arrestos de personas inmigrantes en los alrededores de lugares como centros de salud.
Según se indicó mediante un comunicado de prensa, la detención más reciente ocurrió el miércoles en la mañana, en el día de Nochebuena, cuando un hombre de origen haitiano fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) mientras acompañaba a su esposa, de casi seis meses de embarazo, a su cita de cuidado prenatal en Health Pro Med en Barrio Obrero.
El hombre detenido, de 27 años, había solicitado una protección temporal (TPS, en inglés), corroboró la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, con el apoyo de una abogada de inmigración.
El TPS fue solicitado precisamente por la situación de inseguridad que vive Haití y el peligro inminente que representa cualquier caso de deportación.
“En semanas recientes, el director interino de HSI en San Juan, Yariel Ramos, ha dicho en declaraciones a medios de comunicación que la agencia federal prometió no realizar arrestos en los hospitales y centros de salud. Sin embargo, sabemos y hemos denunciado que no se trata solamente de no hacer detenciones en el interior de hospitales, sino en los alrededores, como la comunidad ya ha denunciado en diversas ocasiones y como, en efecto, pudimos corroborar que ocurrió esta mañana. Esta acción discriminatoria tiene el mismo efecto de impedir y desalentar que personas inmigrantes tengan acceso a servicios de salud”, denunciaron la ACLU de Puerto Rico, Comuna Caribe, Kilómetro Cero y Amnistía Internacional de Puerto Rico.
El hombre detenido es padre de una menor de un año y medio, y su esposa, de nacionalidad dominicana y con permiso de residencia en Puerto Rico, cumple seis meses de embarazo en enero. El matrimonio acudía a la cita de cuidado prenatal de la mujer, cuyo embarazo es delicado y requiere un cuidado especial. Las organizaciones denunciaron que la detención del hombre, justo antes de entrar a la clínica, ocurrió sin el debido proceso de ley, de forma discriminatoria y motivada solo por su perfil racial.
El TPS, precisamente, es un alivio migratorio que permite a inmigrantes vivir y trabajar legalmente en el país debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro, protegiéndolos temporalmente de la deportación y ofreciendo permiso de trabajo.
“La manera discriminatoria en que se ejecutan estas detenciones es inhumano siempre, pero particularmente denunciamos la frialdad con la que estos agentes y las agencias federales pertinentes ejecutan estas detenciones en el día de Nochebuena, ignorando por completo el impacto que causan en los núcleos familiares, en la niñez, las juventudes y en la comunidad migrante en general, además del impacto emocional y hasta físico en la persona detenida”, subrayaron las organizaciones.
Las organizaciones también denunciaron lo que catalogaron como “la complicidad y falta de acción de la gobernadora y del secretario de Salud, quienes con su complicidad e inacción permiten que este tipo de violaciones de derechos civiles y humanos continúe ocurriendo en las calles de Puerto Rico, especialmente en las comunidades donde es conocido que habitan personas inmigrantes”. El grupo también exigió acción por parte del alcalde de San Juan, Miguel Romero, de quien señalaron que “ha tenido en sus manos la oportunidad de establecer protecciones mínimas mediante ordenanzas municipales, pero ha decidido no hacerlo”.
“Plantear que su administración no colabora, sin tomar acciones contundentes de protección a las comunidades inmigrantes que residen en la capital, es lo mismo que colaborar con las agencias y agentes federales que todos los días salen a la calle a ejecutar arrestos basados exclusivamente en perfiles raciales y políticas ilegales, anti derechos, e impidiendo el acceso a servicios de salud, pero también de educación y de justicia”, plantearon las organizaciones.