La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció que intervendrá formalmente en uno de los pleitos judiciales relacionados con las demandas del Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) contra LUMA Energy que busca finalizar la relación contractual, y sostuvo que la controversia debe resolverse en el tribunal federal que atiende la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El anuncio surge en un informe de estatus conjunto presentado ante la jueza federal Laura Taylor Swain, en el que la Junta adelantó que solicitará intervenir en el caso radicado por la gobernadora Jenniffer González y el Gobierno central, luego de que LUMA removiera la demanda presentada originalmente en el Tribunal de Primera Instancia.
Según la JSF, el contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución —conocido como T&D OMA— constituye uno de los activos más importantes de la AEE y es central para su proceso de reestructuración bajo la ley federal PROMESA. En ese contexto, la Junta planteó que cualquier determinación judicial que afecte la vigencia del contrato interfiere directamente con la propiedad del deudor.
La Junta explicó que, aunque la sección 305 de PROMESA limita la facultad del tribunal para intervenir en asuntos que afectan la propiedad del deudor sin su consentimiento, en este caso otorgó expresamente ese aval, al entender que el tribunal de Título III es el único foro con capacidad para coordinar los efectos de una decisión judicial sin poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.
Además, la JSF reiteró que la transformación del sistema eléctrico mediante operadores privados ha sido una política pública sostenida desde 2018, reflejada en todos los planes fiscales certificados para la AEE. En ese sentido, advirtió que un escenario en el que la operación del sistema de transmisión y distribución regrese a la AEE sería contrario a la ley y a la política pública vigente.
El planteamiento de la Junta contrasta con la posición del Gobierno y la AAPP, que buscan que los tribunales de Puerto Rico evalúen la validez de la extensión contractual concedida a LUMA. La Gobernadora ha dicho que es su promesa de campaña finalizar el contrato de LUMA y que está en vías de cumplir ese compromiso.
Corresponderá ahora a la jueza Swain determinar si permite la intervención de la Junta y si el caso permanece en la jurisdicción federal.