El abogado experto en quiebras, John Mudd, consideró que la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en las demandas contra LUMA Energy era previsible y estimó que los casos probablemente se resolverán en el tribunal federal a cargo de la jueza Laura Taylor Swain, con posibles consultas al Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre cuestiones legales clave.
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“La juez[a] Swain probablemente se quede con los casos y decida la controversia. También podría certificar algunas preguntas legales al Tribunal Supremo de Puerto Rico”, detalló Mudd en entrevista con Metro Puerto Rico.
El licenciado se refirió así a la intención de la JSF de unirse a dos pleitos en los que el gobierno busca declarar nula la extensión del contrato del operador privado del sistema de transmisión y distribución eléctrica. El ente fiscalizador alegó que cualquier cambio en el acuerdo podría afectar el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“El (acuerdo) es uno de los contratos más importantes de la AEE y… solo el Tribunal de Título III está en posición de coordinar la modificación o incluso la terminación del (contrato) y su efecto en la reestructuración de la AEE para evitar caos y catástrofe para el pueblo de Puerto Rico”, señaló el ente fiscal en su escrito presentado al Tribunal federal.
El conflicto legal se centra en si corresponde resolver la validez de la extensión del contrato en tribunales estatales o federales. Mientras el Gobierno de Puerto Rico, liderado por la gobernadora Jenniffer González, sostiene que se trata de asuntos locales y regulatorios que deben verse en tribunales de Puerto Rico, LUMA Energy y la JSF insisten en que el foro federal es el apropiado, dada la importancia del contrato en la reestructuración de la deuda de la AEE.
Ambas partes propusieron distintos calendarios de procedimiento. El consorcio planteó que las mociones sobre traslado al foro estatal y solicitud de medida cautelar se resuelvan de manera paralela, con fecha límite del 23 de enero de 2026 para someter mociones. El Gobierno, en contraste, sugirió un inicio más rápido, con fecha del 2 de enero para presentar la moción de devolución del caso.
El Tribunal federal deberá decidir ahora tanto la jurisdicción como el curso del litigio, determinando si la disputa se resuelve en Puerto Rico o se mantiene en el foro federal.