El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) expresó este lunes su preocupación y oposición a la nueva ley firmada por la gobernadora, Jenniffer González Colón, que reconoce al ser humano en gestación como persona natural desde cualquier etapa dentro del útero, mediante una enmienda al Código Civil de Puerto Rico.
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Según explicaron en declaraciones escritas, el estatuto no constituye un cambio meramente simbólico, si no que “representa una peligrosa regresión en materia de derechos humanos, con impactos directos y documentados sobre la salud mental, la autonomía corporal y la dignidad de las mujeres y personas gestantes”.
Marco de derechos humanos y autonomía corporal
El grupo multisectorial comunitario e interdisciplinario explicó que el derecho a la vida, la salud, la integridad personal, la autonomía y la no discriminación está protegido por instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y reconocidos por Estados Unidos y aplicables a Puerto Rico, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Asimismo, que organismos internacionales establecen que las “restricciones absolutas o desproporcionadas a la autonomía reproductiva” constituyen una forma de violencia estructural y discriminación por razón de género, y generan consecuencias adversas para la salud física y mental de las mujeres.
“Desde esta perspectiva, el Proyecto del Senado 504― ahora convertido en ley― subordina los derechos humanos de la mujer gestante, colocándola en una posición secundaria frente al Estado y transformando su cuerpo en un espacio regulado legalmente, lo cual vulnera su dignidad humana", sostuvo el FAAS.
Impacto psicológico basado en evidencia científica
Mientras precisó que, desde la psicología clínica y la psiquiatría, la evidencia científica demuestra que la pérdida de control sobre el propio cuerpo, la coerción reproductiva y la imposición de decisiones externas se asocian con mayores niveles de ansiedad, depresión, estrés postraumático, desesperanza aprendida e ideación suicida.
“El derecho a decidir de manera informada y libre sobre la gestación es reconocido como un factor protector de la salud mental, mientras que su restricción se vincula con sufrimiento psicológico prolongado y deterioro del bienestar emocional”, agregó.
Violencia sexual y revictimización institucional
Por otra parte, aseguró que para sobrevivientes de violencia sexual, incesto o coerción reproductiva “esta legislación constituye una forma de revictimización institucional”.
“La investigación en trauma establece que obligar a una persona a continuar un embarazo producto de violencia sexual extiende el trauma, refuerza la indefensión y obstaculiza los procesos terapéuticos de recuperación. Al ignorar el contexto de la concepción y otorgar personalidad jurídica al feto, el Estado silencia la experiencia traumática de la mujer, contradiciendo los principios del enfoque informado en trauma promovido por organismos internacionales de salud y derechos humanos”, afirmó la entidad.
Embarazos de alto riesgo, salud y temor legal
En casos de embarazos de alto riesgo, diagnósticos incompatibles con la vida o condiciones médicas graves, puntualizó que “la ambigüedad legal generada por esta medida crea un clima de miedo, incertidumbre y presión emocional extrema, tanto en pacientes como en profesionales de la salud”.
“Este contexto incrementa el estrés psicológico, retrasa intervenciones médicas necesarias y expone a las mujeres a daño emocional evitable, lo cual ha sido documentado en múltiples estudios internacionales. Negar o retrasar atención médica adecuada por temor a consecuencias legales puede constituir trato cruel, inhumano o degradante, prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos”, aseveró.
Exclusión de voces expertas y mala práctica legislativa
El FAAS además denunció que esta legislación fue aprobada en contra de los planteamientos de los grupos profesionales de salud física, mental, derechos humanos y legales del país.
“Legislar sin escuchar a quienes atienden diariamente el trauma, la violencia y las crisis reproductivas representa una falla ética y una negligencia institucional”, manifestó.
Finalmente, comentó que defender la salud mental y los derechos humanos no es una postura ideológica, más bien es una obligación ética del Estado y de la sociedad.
“Las leyes relacionadas con la gestación deben reconocer la complejidad humana, médica, emocional y social de cada caso. Cuando una ley ignora esa complejidad, no protege la vida: incrementa el sufrimiento, la desigualdad y la vulneración de derechos.
La salud mental, la dignidad, la autonomía corporal y la seguridad de las mujeres no pueden ser daños colaterales de ninguna legislación”, concluyó.