El presidente ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca, reaccionó en la noche del viernes a la determinación del Tribunal Federal de desestimar el procedimiento adversativo radicado por el consorcio contra la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica.
“Si bien respetamos la decisión del Tribunal Federal, revisaremos el documento para determinar nuestros próximos pasos. Es importante tener en cuenta que esta decisión de ninguna manera valida los intentos del Gobierno de Puerto Rico de cancelar un contrato y una extensión legalmente vinculantes creados, negociados y ejecutados por el Gobierno de Puerto Rico. La jueza Swain confirmó en su decisión que el Tribunal Federal tiene jurisdicción sobre asuntos que afectan los procedimientos de quiebra de la AEE. Cualquier intento de distorsionar la decisión sería prematuro, ya que se debe respetar el proceso judicial”, dijo Saca en declaraciones escritas.
Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo que la determinación confirma la validez del marco contractual y del ordenamiento jurídico local para atender este tipo de disputas.
“El Tribunal reconoció que, aunque existe jurisdicción relacionada bajo PROMESA, esta controversia es de naturaleza contractual y debe resolverse en el foro local, tal y como establece el propio contrato”, dijo González Colón en un mensaje en redes sociales.
Según la mandataria, el tribunal federal concluyó que la disputa no surge directamente de PROMESA ni del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino de la interpretación de un contrato regido por el derecho federal y las leyes de Puerto Rico, por lo que decidió abstenerse de intervenir.
Expresó que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas notificó a LUMA seis disputas técnicas relacionadas con alegados incumplimientos contractuales, que incluyen el manejo de fondos federales, los presupuestos operacionales, el apagón de abril de 2025, el manejo de vegetación, la entrega de informes financieros y el cobro de tarifas.
González Colón explicó que LUMA argumentó que debía resolverse primero una controversia sobre el mecanismo aplicable para atender esas disputas y acudió al Tribunal Federal para paralizar el proceso técnico dispuesto en el contrato. En el procedimiento, la Junta de Supervisión Fiscal respaldó la postura de LUMA y planteó que el asunto debía verse bajo el Título III de PROMESA, posición que fue rechazada por el tribunal.
El foro federal determinó, entre otros factores, que la controversia es puramente contractual, que no existe un impacto inmediato sobre el caso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica, que el contrato dispone que las disputas se atiendan en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y que existían indicios de forum shopping.
Como resultado, la demanda de LUMA fue desestimada sin perjuicio y la solicitud de remedio provisional fue declarada académica, lo que permite que el proceso continúe en el tribunal estatal correspondiente.