Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a una empleada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a otras siete mujeres por un esquema de fraude mediante el cual obtuvieron ilegalmente aproximadamente 619,923 dólares en beneficios por desempleo, informó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
“Estas acusadas utilizaron una posición de confianza dentro del Departamento del Trabajo para radicar múltiples reclamaciones fraudulentas de seguro por desempleo cuando no tenían derecho a esos beneficios”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.
Según la acusación, las imputadas conspiraron para someter información falsa con el fin de obtener compensación por desempleo del Departamento del Trabajo, utilizando identidades de terceros, datos personales falsos y alegados historiales de empleo inexistentes.
La acusación señala que Luz Garay Osorio, quien era empleada del Departamento del Trabajo, utilizó su acceso al sistema de la agencia para hacer elegibles a familiares y allegados, crear historiales laborales falsos, alterar registros y emitir determinaciones monetarias y no monetarias fraudulentas. Además, radicó reclamaciones utilizando identidades de otras personas y provocó el desembolso de beneficios a co conspiradoras.
El esquema permitió que las acusadas recibieran aproximadamente 619,923 dólares en beneficios, mientras que Garay Osorio obtuvo cerca de 142,507 dólares mediante pagos directos y transferencias realizadas por las demás imputadas como parte del esquema de sobornos y devolución de dinero.
Entre las personas acusadas figuran familiares de Garay Osorio, quienes presuntamente transfirieron miles de dólares a su cuenta bancaria tras recibir los beneficios fraudulentos. En algunos casos, los fondos fueron canalizados mediante órdenes de dinero y transferencias electrónicas.
Garay Osorio enfrenta cargos adicionales por lavado de dinero y apropiación ilegal de identidad agravada. La acusación también incluye cargos por conspiración para robar fondos federales y fraude postal por servicios honestos. Tras la investigación, Garay Osorio fue despedida del Departamento del Trabajo.
De ser encontradas culpables, las acusadas enfrentan penas de hasta cinco años de prisión por los cargos de conspiración y apropiación de fondos públicos. Garay Osorio podría enfrentar hasta veinte años adicionales por fraude postal y lavado de dinero, además de una sentencia obligatoria de dos años por apropiación ilegal de identidad agravada.
El caso es procesado por el fiscal federal auxiliar Scott Anderson. La investigación estuvo a cargo del Departamento de Trabajo federal, la Oficina del Inspector General, el Buró Federal de Investigaciones y otras agencias estatales y federales.
Las acusaciones constituyen señalamientos formales y no representan prueba de culpabilidad. Las imputadas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.