Las tarjetas de crédito y débito continuarán cobrando comisiones sobre el Impuesto sobre Ventas y Uso que los comercios recaudan para el gobierno, luego de que comisiones del Senado recomendaran no considerar el Proyecto 675, una medida dirigida a prohibir ese tipo de cargos.
“En virtud de estos hallazgos, las Comisiones de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado; y, de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, no recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 675 en su forma actual. Esta recomendación no desconoce la legitimidad del problema identificado ni cuestiona la intención meritoria de hacer justicia a comerciantes y consumidores que asumen costos por recaudar el IVU para el gobierno. Sin embargo, la evaluación integral sugiere la conveniencia de explorar enfoques alternativos que aborden la problemática de manera más comprehensiva, considerando tanto los objetivos de protección al consumidor y comerciante como las realidades técnicas, operacionales y legales del ecosistema de pagos electrónicos”, reza el informe negativo de las comisiones de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado; y, de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo.
La propuesta legislativa buscaba impedir que procesadores de pago, redes de tarjetas y entidades financieras aplicaran tarifas de procesamiento sobre el IVU, así como sobre propinas y donaciones, al plantear que se trata de fondos que los comerciantes están obligados por ley a recaudar y transferir al Estado, sin que constituyan ingreso propio.
En su informe negativo, las comisiones reconocieron que, bajo el marco legal vigente, los procesadores de pago continúan cobrando comisiones sobre el total de las transacciones electrónicas, incluyendo el componente del impuesto, lo que representa un costo adicional para los comercios por recaudar dinero que no les pertenece.
No obstante, el informe concluyó que el Proyecto del Senado 675 enfrenta serios obstáculos técnicos, regulatorios y legales.
“La implantación de una prohibición en el cobro de tarifas de intercambio sobre el IVU requeriría cambios tecnológicos significativos en los sistemas de pago existentes y podría alterar sustancialmente el ecosistema de pagos electrónicos”, advierte el documento.
El informe también señala que la industria de pagos opera en un entorno altamente regulado a nivel federal, por lo que una prohibición local podría exponer al gobierno de Puerto Rico a litigios y conflictos jurisdiccionales. Las comisiones citaron preocupaciones expresadas por agencias reguladoras y sectores financieros sobre posibles impugnaciones judiciales, dependiendo de cómo se adoptara la medida.
La legislación evaluada fue presentada por el senador Carmelo Ríos Santiago, quien propuso enmendar leyes vigentes para cerrar lo que describió como vacíos legales que permiten el cobro de comisiones sobre impuestos, propinas y donaciones, aun cuando estas partidas no representan ingresos para los comercios ni para los procesadores.
Aunque las comisiones reconocieron que la situación descrita por el proyecto es una problemática real que impacta económicamente a los comerciantes, recomendaron atender el asunto mediante enfoques alternativos. Entre estos mencionaron el fortalecimiento de la educación financiera, la cooperación regulatoria entre agencias y otras medidas que no impliquen una prohibición directa de las tarifas.
Con la recomendación negativa, el Senado no considerará la medida durante esta sesión legislativa, lo que mantiene vigente la práctica de aplicar cargos por el uso de tarjetas de crédito y débito sobre el IVU que los comercios recaudan y remiten al gobierno de Puerto Rico.