La empresa privada encargada de la red eléctrica, LUMA Energy defendió este martes ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) una propuesta para fijar la tarifa base de electricidad por tres años completos y cuestionó la alternativa del regulador de recalcular las tarifas anualmente utilizando pronósticos más recientes de demanda.
Durante la vista tarifaria, el consultor de LUMA, Sam Shannon, argumentó que el modelo propuesto busca ofrecer “estabilidad y predictibilidad” a los clientes y a los participantes del sistema eléctrico, aun cuando los pronósticos de demanda, que estiman cuánta electricidad se consumirá en el futuro, puedan diferir de la realidad.
Shannon sostuvo que los pronósticos eléctricos conllevan márgenes de error normales en la industria y que el objetivo no debe ser la “precisión absoluta, sino la razonabilidad” de las proyecciones utilizadas para fijar las tarifas. A su juicio, ajustar las tarifas una vez aprobadas podría constituir una práctica prohibida de “retroactive rate making”.
Sin embargo, el Negociado de Energía, a través de su asesor legal Scott Hempling y su consultor técnico Zachary Ming, planteó que, aunque los ingresos requeridos del sistema pueden aprobarse a tres años, las tarifas no necesariamente deben fijarse por el mismo periodo.
El regulador propuso recalcularlas anualmente utilizando pronósticos más recientes, con el fin de reflejar de forma más precisa la demanda real y evitar distorsiones en el precio por kilovatio-hora.
Ese planteamiento fue reforzado por el abogado y asesor de bonistas, Corey Brady, quien cuestionó si el modelo de LUMA podría resultar en tarifas más altas de lo necesario cuando la demanda real supera la proyectada originalmente. Brady expuso que, bajo ese escenario, los clientes podrían haber pagado menos por cada kilovatio-hora, aunque el ingreso total autorizado se mantenga sin cambios.
Shannon respondió que, desde el punto de vista regulatorio, no existe un sobrecobro mientras se recaude el ingreso aprobado por el Negociado, y reiteró que modificar las tarifas con base en información posterior podría “generar conflictos legales”.