La administración de la gobernadora Jenniffer González Colón presentó ante el Tribunal Superior de San Juan un recurso de sentencia declaratoria contra LUMA Energy LLC, en el que solicita que se declare nula, inválida y sin efecto jurídico la Carta de Extensión del 30 de noviembre de 2022.
Este recurso es similar al presentado previamente por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sin embargo en esta ocasión, figura la gobernadora como parte demandante y la AAPP y AEE como “partes con interés”, y cuenta con un enfoque centrado en ”la salud y el bienestar del pueblo puertorriqueño", conforme a la gobernadora.
“Hoy, en mi capacidad de gobernadora de Puerto Rico y defendiendo los intereses de nuestro pueblo sobre este contrato leonino, acabamos de presentar una demanda contra LUMA a través del Departamento de Justicia y también hemos radicado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico una certificación por conducto de procurador general, solicitando que el Tribunal Supremo de Puerto Rico atienda esta controversia. (...)”, comenzó la gobernadora.
El recurso, además, precisó que busca evitar que el pleito sobre la validez del contrato quede enterrada en tecnicismos procesales, tras su movida al foro federal.
“Mediante esta actuación, LUMA –invocando argumentos de dudosa solvencia jurídica– no sólo remitió el Caso de Nulidad ante el Tribunal Federal para que éste asumiera jurisdicción sobre el mismo, sino que efectivamente paralizó los procedimientos atinentes a dicho caso ante este Honorable Foro. Ante ese escenario, la pendencia del caso y los procesos ante el Tribunal Federal relacionados con este resulta evidente que actualmente existe una incertidumbre jurídica en torno a la validez de la Carta de Extensión en controversia que debe ser atendida con urgencia por este", precisó el documento.
La nueva acción judicial se radicó horas después de que el Tribunal de San Juan paralizara los procedimientos del primer pleito de nulidad, luego de que LUMA notificara la remoción del caso al Tribunal Federal, alegando que la controversia debía atenderse como parte del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de PROMESA.
“(...) Sabíamos que Luma iba a buscar radicar un pleito en el Tribunal Federal para llevarse el caso y para que no se atendiera la controversia donde se tiene que atender, que es en el Tribunal de Puerto Rico (...) Estamos pidiendo una sentencia declaratoria para que el tribunal declare nula e inválida y sin efecto jurídico la carta de extensión o la enmienda al contrato de Luma del 30 de noviembre del 2022. Esta demanda que acabamos de presentar en el día de hoy en respuesta a las acciones y a las estrategias de Luma para llevarse el pleito fuera de Puerto Rico establecen tres elementos principales. El primero proteger el interés público, la salud, la seguridad y la economía del pueblo de Puerto Rico, que es mi meta principal como gobernadora”, continuó.
En el escrito, el Gobierno pide al Tribunal que reconozca que, como consecuencia de la invalidez de esa extensión, el Supplemental Agreement y el contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución (T&D OMA) quedaron terminados automáticamente el 30 de noviembre de 2022, al expirar el periodo interino de dieciocho meses sin una prórroga válida conforme a ley.
Además, solicita que se declare que LUMA mantiene la obligación contractual de colaborar en una transición ordenada del sistema eléctrico, lo que incluye la entrega de datos operacionales, expedientes, sistemas, así como la coordinación de personal, según lo dispuesto en el propio contrato.
El Gobierno también pidió que el Tribunal ordene cualquier remedio adicional necesario para proteger el interés público y garantizar una transición ordenada, “transparente y segura del sistema eléctrico” de Puerto Rico.
Como parte de sus argumentos, el Gobierno sostuvo que la Carta de Extensión de 2022, mediante la cual se pretendió extender indefinidamente el contrato interino de LUMA, es nula y contraria a derecho. Alegó que dicha extensión eliminó ilegalmente el término fijo de dieciocho meses del acuerdo suplementario y lo sustituyó por un plazo indefinido condicionado al arbitrio exclusivo de LUMA.
Según el recurso, esa actuación viola la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley 29), la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico (Ley 120) y disposiciones del Código Civil. El Gobierno expone que la Carta de Extensión no fue aprobada válidamente por la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), careció del voto afirmativo de los representantes del interés público, no obtuvo el Certificado de Cumplimiento Energético del Negociado de Energía y nunca fue sometida a la aprobación legislativa ni contó con el aval de la Gobernadora, como exige la ley.
Asimismo, el recurso planteó que la extensión constituye un acto ultra vires, al exceder la autoridad delegada a la AAPP y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), invadir prerrogativas constitucionales del Ejecutivo y comprometer fondos públicos sin salvaguardas ni métricas de desempeño.