La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, afirmó este martes que el gobierno solicitará que el pleito para impugnar la extensión del contrato de LUMA Energy no se atienda en el Tribunal Federal y se mantenga en el foro estatal, conforme a lo que, según dijo, dispone el propio contrato.
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“Vamos a invocar que este caso se vea en Puerto Rico porque es lo que dispone el contrato y porque estamos alegando que la otorgación de esa extensión fue nula”, dijo la mandataria a preguntas de la prensa.
González Colón sostuvo que el planteamiento del gobierno no guarda relación con la quiebra ni con alegados incumplimientos contractuales, sino con la validez jurídica de la carta que extendió el acuerdo.
“Aquí no estamos entrando en elementos de incumplimiento ni en asuntos vinculados con la quiebra o la Junta de Supervisión Fiscal. Aquí estamos diciendo que la extensión de ese contrato es ultra vires, es nula, nunca se debió haber dado a cabo porque no cumplió con las exigencias básicas en derecho para poderse efectuar”, añadió.
La funcionaria señaló que la carta de extensión se otorgó sin las aprobaciones requeridas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Negociado de Energía (NE) y la Legislatura.
“No estamos hablando del contrato, estamos hablando de una carta que extendió de manera unilateral la vida útil de este contrato sin ningún tipo de garra o fiscalización”, afirmó.
La primera ejecutiva indicó que el Departamento de Justicia (DJ) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) están preparados para enfrentar la estrategia legal del consorcio y reiteró que el caso debe verse en Puerto Rico por tratarse de un asunto de alto interés público.
“Este es un tema que afecta directamente al pueblo de Puerto Rico. De lo contrario, nuestra gente estaría literalmente descubierta de cualquier tipo de protección contra un operador que incumple con su función y que le cuesta dinero al pueblo todos los días”, sostuvo.
Las expresiones de la gobernadora se producen luego de que LUMA Energy solicitara trasladar al Tribunal Federal la demanda radicada por el gobierno para invalidar la carta de extensión del contrato.
Según informó previamente el presidente ejecutivo del consorcio, Juan Saca, entienden que el foro federal es el adecuado para atender la controversia, mientras el gobierno insiste en que la reclamación debe resolverse en el foro estatal conforme a lo pactado contractualmente.
Ante la solicitud presentada por la empresa privada, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en San Juan determinó que se paralizarán las labores del caso hasta que el Tribunal Federal tome una decisión sobre la petición.