La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, inició la semana con dos determinaciones que provocaron intensas reacciones en sectores periodísticos, comunitarios y políticos: aprobó las enmiendas a la Ley de Transparencia contenidas en el Proyecto del Senado 63 (PS 63), pese a su rechazo generalizado, mientras que vetó el Proyecto del Senado 752 (PS 752), que buscaba eliminar las escoltas a exfuncionarios y limitar ese beneficio a situaciones excepcionales.
Las movidas, divulgadas ayer domingo, profundizaron el debate sobre el acceso a la información pública y la administración responsable de fondos gubernamentales.
Aprobadas las enmiendas al PS 63, pese al rechazo amplio
La Fortaleza confirmó que González Colón firmó el PS 63, una medida de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que modifica de forma significativa el proceso de solicitud de información pública establecido en la Ley 141-2019.
El Ejecutivo justificó su aval indicando que las enmiendas buscan “aclarar el proceso que debe seguir un ciudadano” y reducir litigios. Sin embargo, organizaciones como el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el Overseas Press Club, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ACLU, Sembrando Sentido, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y entidades comunitarias han denunciado que la medida supone un retroceso en el derecho constitucional de acceso a la información.
El Overseas Press Club (OPC) advirtió que la firma del PS 63 constituye un intento del gobierno por “poner trabas a la fiscalización y al acceso a la información”, según expresó su presidenta, Wilma Maldonado Arrigoitía. La organización recalcó que más de 50 entidades locales e internacionales pidieron a la gobernadora que vetara la medida, pero la mandataria “ni siquiera estuvo dispuesta a reunirse” con grupos periodísticos y comunitarios que solicitaron diálogo desde el 19 de noviembre.
Entre los cambios más cuestionados se encuentran:
- La ampliación del plazo para que las agencias entreguen información cuando el expediente exceda 300 páginas o tenga más de tres años de antigüedad: hasta 30 días laborables, con posibilidad de 20 días adicionales.
- La prohibición absoluta de divulgar información clasificada como confidencial mediante determinación judicial, salvo que la solicite un foro superior al Tribunal Supremo.
- La facultad de las agencias para clasificar información como confidencial mediante reglamentos internos, sin criterios externos claros.
- La eliminación de la obligación de entregar datos en formatos que faciliten el análisis y la autorización para negar solicitudes si la información está distribuida en múltiples expedientes.
- La eliminación de la protección de la identidad de los solicitantes y la obligación de notificar cada petición al principal oficial de la agencia.
Críticos sostienen que las enmiendas podrían retrasar investigaciones periodísticas, obstaculizar procesos comunitarios y limitar la fiscalización ciudadana.
Veto al PS 752, que eliminaba escoltas a exfuncionarios
En contraste con la aprobación de las enmiendas a la ley de acceso a la información, la gobernadora vetó el proyecto que buscaba eliminar las escoltas para exfuncionarios, un beneficio que ha generado debate público durante años.
El senador Juan Oscar Morales, autor de la medida, lamentó la decisión y la calificó como “decepcionante”, al señalar que la eliminación de escoltas generaría un ahorro estimado de entre $1.2 y $1.5 millones anuales y permitiría reasignar agentes a tareas de seguridad esenciales.
“El veto ignora el amplio consenso legislativo y el sentir de la ciudadanía”, expresó Morales, quien además subrayó que el PS 752 establecía que solo se otorgaran escoltas en casos de riesgo demostrado.
La pieza legislativa había ganado tracción política tras la convicción federal por orden sucesorial de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien actualmente mantiene escoltas del Estado.
La reacción del Partido Popular Democrático fue inmediata. El secretario general, Manuel Calderón Cerame, criticó que el veto proteja a una exgobernadora convicta del PNP y perpetúe un privilegio cuyo costo asume el erario.
Héctor Ferrer Santiago, portavoz cameral, fue más enfático al describir la determinación como “una traición a la confianza del país”, mientras el portavoz senatorial, Luis Javier Hernández, acusó a la gobernadora de actuar con “doble cara”.
La combinación de ambas acciones —una que restringe el acceso ciudadano a la información y otra que mantiene beneficios para exfuncionarios— abre un nuevo capítulo de análisis sobre el rumbo de la administración González Colón.