La gobernadora Jenniffer González Colón radicó el lunes un proyecto de administración para eliminar el privilegio de escoltas a exgobernadores convictos por delitos graves o menos graves y a candidatos a la gobernación y a comisionado residente durante el periodo electoral.
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La medida, identificada como Proyecto de Administración 86, fue presentada en ambos cuerpos legislativos luego de que la gobernadora vetara el Proyecto del Senado 752 al concluir que no incorporaba recomendaciones del Departamento de Justicia.
El proyecto establece que ningún exgobernador convicto en jurisdicción estatal o federal podrá recibir escoltas ni servicios de seguridad provistos por el Estado, como privilegio asociado al cargo que ocupó.
Asimismo, la iniciativa elimina el beneficio de escoltas para candidatos a la gobernación y a comisionado residente durante campañas electorales, con el fin de uniformar el uso de recursos públicos en procesos políticos.
La única excepción contemplada será cuando el superintendente de la Policía determine que existe una amenaza real y peligrosa contra un candidato, determinación que quedará exclusivamente bajo su criterio.
De ser aprobado por la Legislatura, el proyecto tendrá vigencia inmediata.
Veto al proyecto del Senado
González Colón vetó el Proyecto del Senado 752 (PS752), una medida aprobada por consenso en Cámara y Senado que buscaba eliminar el servicio de escoltas a exfuncionarios y limitar ese beneficio a situaciones excepcionales bajo criterios de riesgo real.
La determinación del Ejecutivo provocó la reacción inmediata de su autor, el senador por San Juan Juan Oscar Morales, quien la calificó como una decisión “decepcionante” que contradice el reclamo de austeridad fiscal y eficiencia en el gasto público.
Según Morales, el proyecto representaba una oportunidad para reasignar agentes de la Policía a labores de seguridad esenciales y reducir entre $1.2 y $1.5 millones anuales los costos asociados al mantenimiento de escoltas para figuras que ya no ocupan cargos públicos.
“El veto ignora el amplio consenso legislativo y el sentir de una gran mayoría de la ciudadanía que respalda la optimización del gasto público. Es un acto que no toma en cuenta el reclamo de nuestra gente y prioriza un privilegio costoso”, afirmó el legislador en declaraciones escritas.
El PS752 incluía un mecanismo para que el superintendente de la Policía otorgara escoltas solo en casos de amenazas demostradas, un elemento que, según su autor, garantizaba protección cuando fuera estrictamente necesario sin perpetuar un beneficio permanente.