La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico rechazó de manera contundente la acción de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien convirtió en ley el Proyecto del Senado 63, que restringe el acceso a la información pública.
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“A pesar de la evidencia contundente sobre las señales de inconstitucionalidad de esta medida, la gobernadora decidió convertir en ley un proyecto que se aleja del principio de máxima divulgación, publicidad y transparencia que debe guiar en todo momento la gestión pública”, subrayó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Ante los nuevos obstáculos que impone la recién firmada Ley 156-2025, la ACLU de Puerto Rico exhortó al público en general, así como a periodistas, organizaciones y entidades, a que documenten y registren cualquier instancia en la que se violente el derecho de acceso a la información pública al someter solicitudes.
“Con esta medida, el gobierno demostró una intención evidente de impedir que el público tenga acceso de manera oportuna a la información que tiene derecho a ver y que es indispensable para la toma de decisiones, rendición de cuentas y fiscalización de la gestión pública, elementos básicos en una democracia”, anotó Martínez Orabona.
La organización sostuvo que, al enmendar la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, lejos de facilitar el acceso, la gobernadora extendió de forma injustificada los plazos de respuesta, impuso nuevas trabas burocráticas y reforzó una visión restrictiva del derecho del pueblo a la información.
Asimismo, la ACLU de Puerto Rico señaló que González Colón se alineó con las acciones del presidente del Senado y autor del Proyecto del Senado 63, Thomas Rivera Schatz, y del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quienes aprobaron la medida mediante descargue, con una vista pública proforma e ignorando la evidencia presentada sobre el impacto negativo del proyecto en el interés público.
Tras la aprobación legislativa, la organización informó que solicitó mediante carta, el 19 de noviembre, que la gobernadora vetara la medida, al entender que contenía serios vicios de inconstitucionalidad.
Finalmente, la ACLU recalcó que la firma de esta ley obstaculiza la fiscalización de la gestión pública y debilita la rendición de cuentas sobre las acciones y decisiones del gobierno.