La firma por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón del Proyecto del Senado 63 (PS 63), que impone nuevos requisitos y extiende los plazos para solicitar información pública, provocó fuertes críticas este domingo de figuras del Partido Popular Democrático (PPD) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quienes advirtieron que la medida representa un retroceso significativo en la fiscalización gubernamental.
El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, calificó la firma del proyecto como “otro golpe a la democracia” perpetrado por el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP). Destacó que la medida se aprobó con el rechazo de organizaciones periodísticas, de la delegación popular en Cámara y Senado, y de legisladores del propio PNP.
“Es una medida propia de las dictaduras que tanto critican”, afirmó Calderón Cerame, al subrayar que la ley añade cargas adicionales para acceder a información pública. Explicó que ahora las agencias tendrán 20 días laborales —en vez de 10— para entregar documentos de hasta 300 páginas o con menos de tres años de antigüedad. En casos que excedan esos parámetros, el término aumenta a 30 días laborales, con la posibilidad de solicitar una extensión de otros 20 días.
“En resumen, esa medida reduce las garantías de fiscalización pública, pues extiende los plazos de entrega de información y establece nuevas condiciones para las solicitudes”, concluyó.
Victoria Ciudadana apunta a un “grave retroceso democrático”
El Movimiento Victoria Ciudadana también repudió la decisión de la gobernadora. La organización sostuvo que González Colón optó por “debilitar la democracia” al firmar una legislación que limita un derecho constitucional.
“La gobernadora escogió avalar una ley que reduce derechos y debilita la democracia”, señaló el movimiento en declaraciones oficiales. Asimismo, criticó al liderato legislativo del PNP por actuar “de forma revanchista, autoritaria y antidemocrática” al aprobar medidas sin análisis riguroso ni participación de sectores expertos.
La coordinadora general del MVC, Eva Prados, insistió en que el país requiere mayor rendición de cuentas, no menos: “El país necesita más democracia, más transparencia y más derechos, no menos. Desde Victoria Ciudadana continuaremos denunciando estos retrocesos y organizándonos para defender un Puerto Rico donde el gobierno rinda cuentas”.
El movimiento advirtió que la Ley 63 coloca a Puerto Rico entre las jurisdicciones con marcos legales “más restrictivos” en cuanto a acceso a información, comparables —según alegaron— con países con déficits democráticos severos.