La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, confirmó este domingo que aprobó las enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, contenidas en el Proyecto del Senado 63 (PS 63), a pesar del amplio rechazo de organizaciones periodísticas, comunitarias y civiles.
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La medida, que fue aprobada por descargue el pasado mes de noviembre, añade un nuevo Artículo 2.1; enmienda los Artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9; añade un nuevo Artículo 10; y reenumera los actuales Artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como los Artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 141-2019, según enmendada, con el presunto fin de que “aclarar el proceso que debe seguir un ciudadano para presentar adecuadamente su solicitud de información”.
“Aunque el propósito de la Ley 141-2019 era asegurar y facilitar a todos los ciudadanos el derecho a examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos que se recopilan en la gestión de gobierno y que constan en las agencias del Estado, algunas de sus disposiciones han generado confusión en la comunidad legal, la ciudadanía, entre los miembros de la prensa, y en las entidades gubernamentales que vienen obligadas a cumplir con lo dispuesto en esta Ley. Esto ha desembocado en una cantidad considerable de pleitos, que pudieran ser innecesarios si el gobierno tiene normas más claras para poder ejecutar su mandato“, detalló La Fortaleza en declaraciones escritas.
La administración indicó además que la reforma especifica las sanciones a las que se expone una entidad gubernamental en caso de incumplimiento e incluye el uso de herramientas tecnológicas como alternativa para cumplir con los requerimientos de información.
Sin embargo, múltiples sectores de la sociedad denunciaron que la pieza legislativa― de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz― representaba un retroceso para el derecho constitucional de acceso a la información.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) había señalado que entre los cambios más relevantes se incluyen los siguientes: si la información solicitada consta en un documento o expediente que exceda las 300 páginas, o tenga más de tres años de antigüedad, los oficiales de información de la agencia gubernamental tendrán 30 días laborables para entregarla.
Según las enmiendas, la entidad pública podrá solicitar una prórroga de 20 días laborables adicionales, lo que podría extender el plazo total a cerca de 70 días naturales, es decir, aproximadamente dos meses y medio.
Además, la información clasificada como confidencial mediante determinación judicial no podrá ser divulgada, sin importar que la solicitud provenga de un foro de menor jerarquía que el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El PS 63 también provocaría el retraso de investigaciones periodísticas y trámites esenciales de ciudadanos, y comunidades que dependen de estos datos para gestionar asuntos que les afectan directamente.
Asimismo, permitirá que las agencias clasifiquen información como confidencial a través de reglamentos internos. Mientras, podrán rechazar solicitudes si la información está distribuida en varios expedientes, y eliminaría la obligación de entregar los datos en formatos que faciliten su análisis.
De igual forma, la ley requerirá que cada solicitud de información se notifique a la persona a cargo de la agencia y eliminará la protección de la identidad de quien la realiza.
Reacciona Victoria Ciudadana
El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) rechazó la decisión de la mandataria de firmar la pieza legislativa, ya que “representa un grave retroceso en materia de transparencia, derechos fundamentales y calidad democrática en Puerto Rico”.
“Han pasado más de dos semanas desde el cierre de la sesión legislativa y la gobernadora tenía ante sí una decisión que marcaría su legado: optar por fortalecer el buen gobierno y la calidad de vida del pueblo, o avalar legislación que reduce derechos y debilita la democracia. Con la firma de esta ley, la gobernadora escogió lo segundo”, comenzó diciendo el MVC en declaraciones escritas.
Continuó: “Desde Victoria Ciudadana denunciamos que el liderato legislativo del PNP ha actuado, en su primer año de este cuatrienio, de forma revanchista, autoritaria y antidemocrática, aprobando medidas sin un análisis riguroso, sin escuchar a los sectores expertos y sin evaluar seriamente sus consecuencias para el país”.
Mientras, la coordinadora general del MVC, Eva Prados, puntualizó que continuarán denunciando “estos retrocesos y organizándonos para defender un Puerto Rico donde el gobierno rinda cuentas y donde se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas”.
Finalmente, destacaron que el PS 63, ahora convertido en ley, reduce sustancialmente la transparencia gubernamental y limita el acceso a información pública, un derecho de rango constitucional.
“Lejos de facilitar la fiscalización ciudadana, esta legislación impone barreras que colocan a Puerto Rico entre las jurisdicciones con peores marcos legales en materia de acceso a información, comparable con países con serios déficits democráticos. Se trata, además, de un retroceso incluso frente a la propia política pública aprobada por el PNP en 2019″, agregaron.