La gobernadora Jenniffer González Colón vetó el Proyecto del Senado 752 (PS752), una medida aprobada por consenso en Cámara y Senado que buscaba eliminar el servicio de escoltas a exfuncionarios y limitar ese beneficio a situaciones excepcionales bajo criterios de riesgo real.
La determinación del Ejecutivo provocó la reacción inmediata de su autor, el senador por San Juan Juan Oscar Morales, quien la calificó como una decisión “decepcionante” que contradice el reclamo de austeridad fiscal y eficiencia en el gasto público.
Según Morales, el proyecto representaba una oportunidad para reasignar agentes de la Policía a labores de seguridad esenciales y reducir entre $1.2 y $1.5 millones anuales los costos asociados al mantenimiento de escoltas para figuras que ya no ocupan cargos públicos.
“El veto ignora el amplio consenso legislativo y el sentir de una gran mayoría de la ciudadanía que respalda la optimización del gasto público. Es un acto que no toma en cuenta el reclamo de nuestra gente y prioriza un privilegio costoso”, afirmó el legislador en declaraciones escritas.
El PS752 incluía un mecanismo para que el superintendente de la Policía otorgara escoltas solo en casos de amenazas demostradas, un elemento que, según su autor, garantizaba protección cuando fuera estrictamente necesario sin perpetuar un beneficio permanente.
Morales añadió que la decisión de la gobernadora “envía un mensaje preocupante sobre las prioridades del Ejecutivo, donde la preservación de ciertos privilegios se antepone a la justicia social y la prudencia fiscal que exige el momento histórico”.
La medida tomó velocidad en el trámite legislativo con la convicción federal de la exgobernadora por orden sucesorial, Wanda Vázquez Garced, quien mantiene la protección del Estado mediante escoltas de la Policía.
Reacciona la gobernadora
A través de una comunicación escrita, González Colón sostuvo que las enmiendas aprobadas se apartan de su intención original. Por lo tanto, va a presentar legislación de administración que cubra los puntos en los que la mandataria está de acuerdo: eliminar el derecho a escolta a aquellos funcionarios que le fallen al Pueblo, y sean convictos por corrupción y, a los candidatos a gobernador y comisionado residente en Washington D.C.
Reacciona el PPD
Por su parte, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, expuso que “Gracias al PNP, Puerto Rico tendrá a una exgobernadora de ese mismo partido convicta por corrupción, con el privilegio de una escolta pagada con fondos públicos. Eso es vergonzoso e inaceptable”.
Calderón agradeció el trabajo realizado por sus legisladores, tanto por presentar legislación para eliminar las escoltas a los exgobernadores, como por acudir incluso a los tribunales para obtener información. “Eso contrasta con el desorden del PNP, que ni en este tema se puede poner de acuerdo”, dijo.
Desde el mismo partido, el portavoz cameral, Héctor Ferrer Santiago, calificó la acción de la gobernadora como una traición al pueblo.
“Este veto de bolsillo es una traición a la confianza del país, porque demuestra que utiliza el poder para beneficio personal y para proteger privilegios, en lugar de gobernar para ayudar a la gente y atender las verdaderas necesidades”, expresó Ferrer Santiago.
El portavoz popular sostuvo que la medida respondía a un reclamo claro de la ciudadanía de poner fin a privilegios injustificados y de administrar los recursos públicos con responsabilidad. “Mientras miles de familias enfrentan problemas reales, el alto costo de vida, la falta de servicios esenciales y preocupaciones de seguridad, la gobernadora decidió defender beneficios para Wanda Vázquez y para ella misma”, añadió.
“A tan solo un año de su administración, el país no quiere saber de ella. Su gestión ha sido un desastre, y por eso hasta en su propio partido ya se habla de buscar otros candidatos a la gobernación, porque su gobierno ha quedado marcado por la desconexión, la improvisación, el incumplimiento de su palabra pero peor aun cuando hay que escoger entre el interes publico y proteger a los suyos, Jenniffer decide proteger a los suyos.”, concluyó.
Por su parte el portavoz senatorial del mismo partido, Luis Javier Hernández, indició que “una vez más la gobernadora nos muestre su doble cara”.
A juicio del portavoz del PPD en el Senado, la determinación de la Gobernadora protege a una exgobernadora convicta de su propio partido. “La gobernadora además con su veto ha decidido asegurar sus escoltas al dejar el cargo”, señaló el portavoz popular.
Hernández Ortiz añadió que “ahora González Colón promete enviar un proyecto de administración para resolver este asunto. Hubiese sido más sencillo que lo presentara desde el primer momento en que se estaba considerando y debatiendo este asunto en la Asamblea Legislativa. Todo esto evidencia la doble cara de la gobernadora al manejar los asuntos de gobierno. Por nuestra parte, continuaremos fiscalizando de manera responsable y proponiendo soluciones”, finalizó.
Mientras tanto, el senador Morales confirmó que el Senado esperará la nueva propuesta que, según dijo, La Fortaleza adelantó que enviará para atender el tema de manera alterna.