La gobernadora Jenniffer González Colón tiene hasta hoy sábado, para firmar el Proyecto del Senado 752, que busca elimina el servicio de escoltas a exfuncionarios, como pasados gobernantes del país.
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El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres, explicó esta semana en entrevista con Radio Isla 1320, en caso de que la primera ejecutiva no tome acción sobre la medida, quedaría vetada.
“El proceso legislativo es hasta el sábado para firmarlo o no hacer nada, si no hace nada, queda vetado porque estamos fuera de sesión legislativa”, explicó.
“Si lo veta, que sería un veto de bolsillo como típicamente se le llama, que es un veto donde no estamos en sesión en la Legislatura, no regresa a la Legislatura. No le podemos pasar por encima al veto”, agregó.
El proyecto presentado por el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 83-2025, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, para establecer restricciones al otorgamiento de escoltas, seguridad y protección a exgobernadores y otros exfuncionarios del Gobierno.
La medida prohíbe de manera automática la asignación de escoltas a todo exgobernador una vez concluido su mandato.
Sin embargo, permite que, en casos excepcionales, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico autorice de forma limitada la protección dentro de la jurisdicción de la isla, siempre que exista una amenaza específica y verificable contra la seguridad del exmandatario. La ley establece que la concesión de escoltas será temporal, revisable y podrá suspenderse si cesan las condiciones que la justifican.
La medida afecta directamente a la exgobernadora Wanda Vázquez, quien se declaró culpable de corrupción el 27 de agosto de 2025. Con la nueva legislación, cualquier escolta que reciba será eliminada automáticamente. Los portavoces de la Cámara coincidieron en que la ley busca impedir que exfuncionarios convictos mantengan privilegios pagados con fondos públicos.
Además, la legislación dispone que cualquier exgobernador o exfuncionario que resulte convicto de delito grave o menos grave perderá automáticamente el derecho a recibir escolta, seguridad o protección, sin necesidad de trámite adicional. La norma aplicará de manera prospectiva y retroactiva en casos de dictámenes de culpabilidad vinculados con funciones del cargo.