Por: Centro de Periodismo Investigativo
El Instituto Internacional de Prensa junto a más de una veintena de organizaciones periodísticas estadounidenses e internacionales reclamaron esta semana a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete las enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, contenidas en el Proyecto del Senado 63 (PS 63) que fue aprobado por descargue el pasado mes de noviembre.
En una comunicación firmada por Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, así como la Asociación Interamericana de Prensa, la Sociedad Americana de Periodistas y Autores, el Joseph L. Brechner Freedom of Information Project y por organizaciones de derechos humanos y civiles como Amnistía Internacional USA y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) —capítulo de Puerto Rico—, se destaca que las enmiendas “permitirían al Gobierno clasificar información pública como confidencial sin una revisión legal y elimina la protección de información personal del solicitante”.
La carta llama la atención sobre las restricciones propuestas en la legislación de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y “las capas de burocracia que retrasarían la divulgación de información pública a expensas del dinero de los contribuyentes”.
La medida legislativa “provee al Gobierno nuevas herramientas y mecanismos para negar información pública”, alertaron las organizaciones, a las que se sumaron como firmantes la Sociedad de Periodistas Medioambientales, la Sociedad de Periodistas Profesionales, PEN America, NewsGuild-CWA y Free Press.
Al reclamo para vetar el PS 63 se unió la red de organizaciones presente en 31 estados y Puerto Rico, Popular Democracy, dedicada a lograr justicia racial y económica mediante la organización comunitaria, que catalogó la legislación como “una regresión mayor de los derechos democráticos” del pueblo puertorriqueño.
La organización ha trabajado desde 2015 con grupos de Puerto Rico y de la diáspora, y destacó en un comunicado que el acceso a la información “es una herramienta fundamental para la fiscalización, combatir la corrupción, informar para la participación ciudadana y fortalecer la democracia”.
En la comunicación que urge el veto de la Gobernadora, Popular Democracy alerta que “el proyecto de ley movería a Puerto Rico del puesto 94 al 106 a nivel mundial en el Indice del Derecho a la Información, un claro indicador de retroceso democrático”.
La Coalición para la Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT en inglés) también se sumó al rechazo del proyecto legislativo ya que socava “la transparencia necesaria para detectar mala conducta financiera, monitorear el gasto público y garantizar la administración responsable de los fondos de recuperación”.
La FACT, que incluye defensores en la lucha anticorrupción, organismos defensores de los derechos humanos, sindicatos y grupos ambientalistas, entre otros, advirtió que las enmiendas “alejarían a la isla aún más de los estándares de transparencia que sustentan una gobernanza sólida, la confianza de los inversionistas y las salvaguardas efectivas contra las finanzas ilícitas”.
Asimismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FPF en inglés), una organización sin fines de lucro estadounidense que supervisa y documenta prácticamente todas las violaciones a la libertad de prensa en EE. UU., publicó una columna de opinión en donde hace un llamado a que la gobernadora vete del PS 63. En momentos en donde está aumentando la presencia militar estadounidense en la isla, los puertorriqueños “[d]eben saber si el gobierno de Puerto Rico está coordinando con el Pentágono y si se están tomando en cuenta sus preocupaciones”, expresó Caitlin Vogus consultora senior de la FPF. Concluye que “Puerto Rico no puede darse el lujo de quedarse a oscuras. El Proyecto del Senado 63 atenúa la luz de la transparencia precisamente cuando más la necesitamos”.
El pasado 20 de noviembre el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (Reporters Committee for the Freedom of the Press), con sede en Washington, D.C., envió por su parte una carta a la Gobernadora expresando su oposición al proyecto legislativo aprobado con una sola vista pública en la Cámara de Representantes.
El gremio criticó las enmiendas a la Ley 141 de 2019 ya que dilatan el tiempo de respuesta de las agencias a las solicitudes de información y las exime de producir documentos que no existan al momento de la petición.
“En concreto, estos cambios dificultarían tanto a los periodistas como al público en general el acceso rápido y económico a los documentos y datos públicos, que es el objetivo expreso del Estado de derecho en Puerto Rico” donde el derecho al acceso a información tiene rango constitucional, destacó el Comité en su misiva.
Las congresistas demócratas Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez, así como el comisionado residente, Pablo José Hernández, también manifestaron su rechazo al proyecto.
La Cámara aprobó el PS 63 con enmiendas que se acordaron en un Comité de Conferencia de ambos cuerpos legislativos, con 28 votos a favor —todos del Partido Nuevo Progresista (PNP)—, y 20 en contra. En el Senado, hubo 19 votos a favor y siete en contra.
Entre los cambios que acordaron los legisladores de la mayoría se incluyó que cuando la información requerida conste en un documento o expediente que exceda de 300 páginas, o su antigüedad sea mayor a tres años, los oficiales de información de la agencia a quien se le solicita la información tendrán 30 días laborables para producirla. La agencia podrá solicitar una prórroga de 20 días laborables adicionales, lo que sumaría cerca de dos meses y medio.
Además, si un juez o jueza ya decidió que cierta información es confidencial, las agencias podrán utilizar esa sentencia como fundamento para negar acceso, sin importar que se trate de un foro de menor jerarquía que el Tribunal Supremo de Puerto Rico. De igual modo, la legislación permitiría que las agencias clasifiquen información como confidencial por medio de reglamentos internos.
La medida también permite que se rechacen solicitudes si la información está dividida en varios expedientes y eliminaría la obligación de entregar los datos en formatos que sirvan para analizar de manera fácil y efectiva.
González Colón tiene hasta el 4 de enero de 2026 para firmar o vetar el PS 63.