El gobierno de Puerto Rico radicó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, mediante la cual se impugna la extensión del contrato temporal de la empresa LUMA Energy.
La gobernadora Jenniffer González confirmó la información mediante un mensaje especial difundido esta noche a través de las redes sociales y medios de comunicación.
“Luego de tantas promesas de cambios que me representaron a mí y a mi equipo de trabajo, no han cumplido con ninguna de ellas”, dijo Jenniffer Aydin González Colón. La mandataria afirmó que sostuvo múltiples reuniones durante el año con los ejecutivos locales de LUMA y con los altos directivos de las compañías matrices de la empresa.
“Este análisis reveló deficiencias en el desempeño que no podían ser ignoradas y expuso un proceso de extensión contractual que violó requisitos esenciales de ley”, añadió.
González Colón explicó que el gobierno presentó una demanda de sentencia declaratoria e injunction preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para que se declare nula la extensión del 2022 y se establezca una transición ordenada.
“Presenté además un recurso ante el Tribunal Supremo para que atienda con urgencia los asuntos legales y de alto interés público implicados en este caso”, señaló.
La gobernadora indicó que la notificación de disputa técnica presentada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas identificó seis áreas específicas de incumplimiento, pero LUMA abandonó el proceso pactado y acudió al Tribunal Federal.
“En lugar de permitir que el mecanismo contractual siguiera su curso, LUMA se fue al foro federal y dejó a Puerto Rico sin una adjudicación clara sobre estos incumplimientos”, expresó.
González Colón mencionó que la Carta de Extensión fue aprobada sin el voto afirmativo de la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y sin la aprobación del Negociado de Energía.
“Esa extensión consolidó un control indefinido a favor de un operador privado sin el andamiaje de supervisión originalmente concebido”, afirmó. También sostuvo que la empresa retiene información fiscal necesaria para completar los estados financieros auditados del gobierno. “Esto es como un intento de que la Junta no se vaya, aguantando la información fiscal del Estado”, agregó.
La gobernadora recalcó que su decisión se fundamenta en la estabilidad del sistema eléctrico, la protección de los trabajadores y el respeto al Estado de Derecho.
“Mi objetivo es restaurar el marco legal que le permita al gobierno recuperar su capacidad resolutoria y establecer métricas de desempeño exigibles”, dijo. Señaló igualmente que la administración mantendrá la continuidad del servicio y trabajará en coordinación con las agencias pertinentes para garantizar una transición ordenada.
“Las actuaciones de LUMA, su mal servicio y su falta de interés en resolver los señalamientos hacen que no tengamos otra alternativa que recurrir a los tribunales”, expresó la mandataria. Añadió que ya se evalúan posibles candidatos para un nuevo modelo de operación. “Necesitamos un operador capaz de responder con sentido de urgencia, rendir cuentas con transparencia y administrar responsablemente los recursos públicos y federales destinados a la reconstrucción”, puntualizó.
¿Qué dice la demanda?
La demanda radicada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica sostuvo que la extensión otorgó a LUMA un control indefinido sobre la operación del sistema eléctrico y eliminó la facultad resolutoria que tenían ambas entidades, lo que, según el recurso, subordinó el interés público a la voluntad del operador privado.
El documento añadió que la extensión, firmada el 30 de noviembre de 2022, eliminó el límite temporal pactado y condicionó la continuidad del contrato a que el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica resultara aceptable para LUMA. La demanda expresó que esta situación dejó al país vinculado a un acuerdo sin métricas exigibles ni mecanismos claros de rendición de cuentas.
El recurso explicó que la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas no obtuvo los votos afirmativos requeridos para aprobar la enmienda y que la extensión nunca recibió el Certificado de Cumplimiento Energético ni la aprobación legislativa que exige la ley para modificar el término original de una alianza público privada. También planteó que la cláusula suspensiva incluida permite al operador decidir unilateralmente si el acuerdo continúa, lo que, según el documento, contraviene el Código Civil y el orden público.
La demanda solicitó al tribunal declarar la Carta-Extensión nula, inválida y sin efecto jurídico, reconocer la expiración de los contratos al concluir el periodo interino de dieciocho meses y ordenar una transición ordenada en la operación del sistema eléctrico. También pidió un injunction preliminar y un entredicho provisional para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, LUMA entregue documentación esencial como listas de empleados y contratistas, bases de datos de clientes, inventarios, mapas georreferenciados, planes de mantenimiento y sistemas tecnológicos necesarios para la continuidad del servicio.
Entre los remedios solicitados, se incluye una sentencia declaratoria que invalide la extensión y un injunction preliminar que obligue a LUMA a entregar en 48 horas toda la información operacional esencial del sistema eléctrico, incluyendo personal, contratos, inventario, bases de datos, manuales, planes de emergencia, información financiera, mapas y sistemas de TI, con el fin de garantizar una transición ordenada y minimizar el riesgo de daño irreparable al país.
¿Qué se había dicho anteriormente?
La semana pasada, el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, aseguró que antes de que se acabe el año comenzará el proceso de cancelación del contrato de la empresa LUMA Energy y a su vez una transición para continuar brindando el servicio eléctrico.
Fue en conferencia de prensa donde el funcionario afirmó que continúa el proceso para cancelar el contrato de la compañía, pero en ese momento dijo que será la primera ejecutiva Jenniffer González quien haría el anuncio.
“Voy a ser categórico sigue el proceso de la cancelación. La gobernadora de Puerto Rico oportunamente hará el anuncio. ¿Será antes que acabe el año? Exacto. Antes que acabe el año comenzaríamos el proceso”, expresó el funcionario en conferencia de prensa, según recogió Foro Noticioso.
Igualmente, en ese momento el jefe del gabinete no quiso adelantar las compañías con las que se estaría negociando para tomar el manejo de la distribución y transmisión del servicio eléctrico del país y que se tendría que llevar a cabo un proceso de transición.
“No es momento, no es momento, porque se están hablando con agencias, se están negociando con esas compañías. Son compañías del continente. Ahora quiero aclarar otra cosa. Comenzamos el proceso de cancelación. Según el propio contrato, LUMA tiene que seguir prestando servicios por un año en lo que se da esa cancelación y esa transición. Es importante, para no causar pánico al pueblo, que si comenzamos esa cancelación en diciembre, como se ha dicho, el servicio de luz se va a continuar dando. Y creo que hemos sido responsables en eso, y creo que ustedes también como medio. No es que LUMA se va mañana, es que comenzamos el proceso para que haya una transición ordenada que garantice al pueblo que no se le vaya la luz y haya un operador de calidad dando ese servicio”, expresó Domenech.
Contrato de LUMA
El contrato fue otorgado el 11 de enero de 2020, mientras que la corporación LUMA Energy LLC no se constituyó legalmente hasta el 17 de enero de ese año. Fue en verano del 2021, que la compañía entró en funciones.
El tema principal de la campaña del 2024, fue la cancelación del contrato de la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico.