En una reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), se detalló que el proceso de salida de la entidad supervisora de Puerto Rico avanza, pero aún no se ha establecido una fecha concreta.
“Es la etapa final”, indicó Robert Mujica al responder preguntas de la prensa sobre el cronograma de salida de la Junta.
Al ser cuestionado nuevamente sobre una fecha específica, Mujica explicó que dependerá de la ejecución gubernamental.
“Es responsabilidad del gobierno. La gobernadora trabaja muy duro y creo que quiere tener cuatro presupuestos balanceados consecutivos en su término”, expresó. Además, señaló que los estados financieros auditados deben completarse para certificar formalmente cada presupuesto, un paso clave para cumplir con los requisitos de la ley PROMESA.
Durante su intervención, Mujica destacó que Puerto Rico ya ha logrado importantes avances fiscales y que el trabajo conjunto con el gobierno busca transferir gradualmente la responsabilidad del proceso presupuestario de la Junta al Ejecutivo.
“Este año es el primer paso en la eventual entrega del proceso presupuestario al gobierno, y la Junta y la Oficina de Manejo y Presupuesto han celebrado varias sesiones de trabajo sobre cómo implementar esta transferencia”, dijo.
Explicó que anteriormente la Junta establecía los parámetros de gasto del gobierno, mientras este último solo aportaba datos y proyecciones de ingresos. El nuevo modelo de co-liderazgo permite al gobierno asumir un rol más central en la preparación del presupuesto, mientras la Junta se desplaza hacia un papel de supervisión.
Entre los cambios clave del proceso presupuestario, Mujica mencionó la implementación de principios contables de acumulación modificada, lo que permitirá que los futuros presupuestos sean auditados bajo normas más estrictas, y la introducción de un presupuesto de capital separado del presupuesto operativo, lo que facilitará la planificación de inversiones a largo plazo y la recuperación del acceso a los mercados de crédito.
La Junta de Supervisión Fiscal también destacó la certificación conjunta del presupuesto del gobierno para el año fiscal 2026, considerado el primero de cuatro presupuestos balanceados consecutivos bajo PROMESA.
“[Este presupuesto] puede calificar como el primero de cuatro presupuestos balanceados consecutivos para el Estado Libre Asociado bajo PROMESA y representa un gran progreso respecto a años anteriores”, dijo.
“Se retuvo un 5% del gasto de agencias por ocho meses para prevenir déficits si se reducían los fondos federales”, explicó.
El informe anual de la Junta subraya además reformas clave en educación y contratación pública. En educación, se busca un modelo de presupuesto basado en estudiantes en lugar de escuelas, promoviendo transparencia y equidad en la asignación de recursos. En contratación pública, la revisión de contratos, como el reciente acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y New Fortress Energy, ha permitido mejoras significativas y ahorros estimados en 4,000 millones de dólares para Puerto Rico.
En materia energética, se publicaron informes sobre el sistema eléctrico y la situación financiera de la AEE, destacando la necesidad de inversiones urgentes para estabilizar la red y garantizar suministro. La administración gubernamental ha añadido 1,200 megavatios de nueva generación, equivalente al 37,4% de la capacidad actual, y continúa proyectos de generación temporal, baterías Tesla y energía renovable, con el objetivo de reducir costos y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.
Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón enfatizó la importancia de la transparencia y continuidad en las reuniones con agencias calificadoras de crédito, así como la ejecución de reformas estructurales que fortalecen la responsabilidad fiscal. La administración ha implementado un proceso presupuestario reformado para el año fiscal 2027, con planificación multianual, controles de ejecución y seguimiento en tiempo real, asegurando que los recursos se alineen con prioridades de política pública.
Sobre el contrato revisado con New Fortress Energy, la gobernadora indicó que “estos acuerdos entregarán más de 375 millones de dólares en ahorros adicionales durante siete años y corrigen deficiencias contractuales previas, permitiendo al puerto reabrirse con otros proveedores de LNG si NFE no cumple con sus obligaciones”.