Diversas organizaciones sociales, incluyendo el Frente Amplio de Acción Social, solicitaron al Gobierno de Puerto Rico revertir la flexibilización de la Ley de Armas implementada en 2020 y reforzada en 2025. El reclamo surge en medio de un aumento de la violencia generalizada en la Isla, que según los grupos se compara con condiciones de guerra.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reportó que entre 2000 y 2020 el 87.6% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. En cuanto a feminicidios íntimos, los casos cometidos con armas legales o ilegales pasaron de 47% en 2019 a 75% en 2024, mientras que en 2025 todos los casos registrados —82%— involucraron armas de fuego. Según MundoSur y la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, Puerto Rico ocupó en 2024 el segundo lugar en feminicidios en América Latina, solo detrás de Guatemala.
Política pública y verificación de licencias
Las organizaciones señalaron que la política pública vigente promueve métodos que no desescalan la violencia de género, mientras la falta de campañas masivas de concienciación y prevención se combina con un discurso oficial que respalda la proliferación de armas de fuego. La Procuradora de las Mujeres, Lcda. Astrid Piñeiro, rechazó la regulación de armas y afirmó que la alta proporción de feminicidios con armas de fuego responde a factores educativos no atendidos por su oficina, postura que difiere de las recomendaciones de los grupos sociales.
En agosto de 2025, la gobernadora Jenniffer González Colón flexibilizó aún más la posesión de armas de fuego mediante la Orden Ejecutiva 46-2025, citando interrupciones en la interconexión entre PRITS y el National Crime Information Center (NCIC) del FBI, lo que afectó la verificación de antecedentes penales para la expedición y renovación de licencias. El Gobierno no ha informado cuándo estará disponible nuevamente este trámite crucial.
Datos sobre armas y licencias
Se carece de datos oficiales sobre licencias de armas en Puerto Rico. Se estima que entre 160,000 y 250,000 personas poseen licencias de armas, mientras que entre 3,000 y 3,500 armas ilegales se incautan anualmente, principalmente por la Policía de Puerto Rico. Informes no oficiales indican que el 95% de los crímenes con armas de fuego involucran armas ilegales.
La crisis afecta directamente a menores. Entre 2019 y agosto de 2025, al menos 156 menores quedaron huérfanos por feminicidios. Las organizaciones solicitaron políticas públicas orientadas a la protección integral de estas víctimas y el establecimiento de protocolos especializados.
Recomendaciones de las organizaciones
Los grupos pidieron la revisión inmediata de la Ley de Armas, controles estrictos sobre la expedición y renovación de licencias, y la creación de un plan interagencial, multidisciplinario e interseccional para prevenir y erradicar la violencia de género. También enfatizaron la necesidad de fortalecer la educación con perspectiva de género, promover redes comunitarias de apoyo y garantizar la atención integral a personas y comunidades históricamente marginadas.
Entre las organizaciones que respaldan estos reclamos se encuentran la Coalición Paz para la Niñez, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Coordinadora Paz para las Mujeres, el Observatorio Equidad de Género y la Red de Albergues.