Las organizaciones Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Center for Constitutional Rights (CCR) y ACLU de Nueva York presentaron este martes una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para exigir la divulgación inmediata de una opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) y otros documentos relacionados con los ataques letales ordenados por el presidente Donald Trump contra embarcaciones civiles en aguas internacionales.
“El público merece saber cómo nuestro gobierno está justificando como lícito el asesinato a sangre fría de civiles”, afirmó Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. “La administración Trump debe detener estos ataques ilegales e inmorales, y las personas que los han ejecutado deben rendir cuentas”.
Desde el 2 de septiembre, la administración Trump ha realizado al menos 22 ataques, causando la muerte de 87 civiles, según la ACLU, en violación del derecho doméstico e internacional.
Según el derecho estadounidense e internacional, el ejército no puede ejecutar civiles sospechosos de contrabando de drogas; primero deben aplicarse medidas no letales, y la fuerza letal solo puede ser un último recurso ante una amenaza específica e inminente.
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha justificado los ataques argumentando que son acciones legales de defensa nacional y de lucha contra el narcotráfico, amparadas en la autoridad ejecutiva del presidente para proteger los intereses de Estados Unidos y la seguridad marítima.
Los demandantes buscan que se haga pública una opinión de la OLC que supuestamente avala estos ataques bajo un supuesto “conflicto armado” con carteles de droga no especificados, y que pretende inmunizar de procesamientos penales a los funcionarios que autorizaron o participaron en estas operaciones.
“La mayoría de estos asesinatos ilegales han ocurrido en aguas del Mar Caribe, al sur de Puerto Rico, exponiendo a la población caribeña a riesgos innecesarios y violaciones de derechos humanos”, declaró Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. Añadió que la presencia militar de Estados Unidos en el archipiélago incrementa el peligro para los residentes y puede generar consecuencias ambientales y de salud similares a las de Vieques.
Contrario a las alegaciones del gobierno, Estados Unidos no está en un conflicto armado con los carteles de droga latinoamericanos, ya que el derecho internacional exige que solo un “grupo armado organizado” involucrado en violencia prolongada pueda considerarse parte de un conflicto armado.
“La administración Trump está desplazando los mandatos del derecho internacional con retórica bélica falsa”, afirmó Baher Azmy, director legal del CCR. “Si la opinión de OLC busca encubrir la evidente ilegalidad de estos homicidios, el público necesita ver ese análisis y responsabilizar a todos los que facilitan asesinatos en nombre de Estados Unidos”.
A mediados de noviembre, miembros del Congreso pudieron revisar la opinión de la OLC, y muchos encontraron preocupante que “no impondría límites a ningún uso de la fuerza en el mundo”, según una senadora.
Los demandantes solicitan la intervención del tribunal debido a que el gobierno no ha divulgado documentos en respuesta a la solicitud FOIA, a pesar del interés público urgente y los plazos de ley. “El público merece saber cómo la administración Trump aprueba ataques a civiles en el Mar Caribe sin rendición de cuentas”, señaló Ify Chikezie, abogada de la ACLU de Nueva York.