El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) confrontó hoy al principal oficial ejecutivo (CEO) de Genera PR, Winnie Irizarry, sobre la estructura de incentivos del contrato de operación y mantenimiento, al tiempo que confirmó que la empresa no ha desmantelado ni una sola planta operativa desde que asumió el control de la generación en la isla hace dos años y medio.
La admisión del operador privado del sistema de generación eléctrica en Puerto Rico se produjo durante una sesión matutina marcada por dudas regulatorias sobre posibles conflictos de interés.
El oficial examinador, Scott Hempling, abrió el interrogatorio con una pregunta directa: si Genera poseía un incentivo económico para solicitar presupuestos más altos, ejecutar gastos menores a los aprobados y luego reclamar la mitad de la diferencia como un “ahorro” atribuible a su gestión. Irizarry reconoció que la estructura contractual permitiría ese escenario, aunque insistió en que la empresa no opera de esa manera. El ejecutivo insistió en que se trata de profesionales que no actuarían bajo la premisa de la pregunta.
Hempling subrayó que, aun cuando la intención de la empresa no sea manipular los números, el diseño del contrato crea un riesgo inherente para los abonados.
La sesión avanzó hacia otro descubrimiento relevante: Genera no ha retirado del sistema ninguna unidad generadora que esté en funcionamiento. Irizarry confirmó que la única instalación desmantelada durante su incumbencia fue la unidad peaker de Vega Baja, que ya estaba fuera de servicio antes de la llegada de la empresa.
Las dudas del NEPR se ampliaron cuando emergieron contradicciones entre el testimonio de Irizarry y declaraciones previas de un testigo técnico de Genera, identificadas durante el proceso. En vista anterior, el testigo indicó que la empresa podría tratar como “ahorro” ciertos reembolsos federales asociados a proyectos inicialmente financiados con tarifas. Irizarry sostuvo lo contrario y afirmó que esa interpretación no aplica a proyectos de mejoras capitales. La inconsistencia provocó que el NEPR ordenara una aclaración formal por escrito para precisar la postura de Genera.
Otro punto de opacidad surgió al discutirse una solicitud de incentivos sometida por Genera durante su primer año de operación. Irizarry confirmó que la Autoridad de las Alianzas Público Privadas la rechazó, pero dijo no recordar las razones y señaló que el documento no está disponible públicamente. Esa falta de claridad llevó a Hempling a cuestionar la capacidad del NEPR para confiar en el mecanismo de supervisión que supuestamente sirve de salvaguarda contra abusos en la facturación. Esa petición de incentivo y la decisión gubernamental está bajo revisión del Tribunal de Apelaciones.
Aunque Irizarry intentó justificar los presupuestos actuales comparándolos con los que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) manejaba antes de la llegada de Genera, el NEPR señaló que las responsabilidades de la corporación pública han variado, por lo que la comparación resulta incompleta. El examinador insistió en que el regulador debe evaluar si el contrato permite prácticas que, sin violar explícitamente sus términos, puedan incrementar injustificadamente los costos para los consumidores.
Las vistas de evaluación tarifaria continuarán en la tarde.