La Comisión Europea anunció este viernes una multa de $120 millones a la red social X por el diseño engañoso de su marca azul de verificación, percibida como un sello de autenticidad por los usuarios, aunque su acceso es discrecional. La práctica viola las obligaciones de la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA).
El Ejecutivo comunitario inició la investigación en julio de 2024 para determinar si esta estrategia afectaba la capacidad de los usuarios de tomar decisiones “libres e informadas”. La sanción responde también a otras irregularidades, como la falta de transparencia en el repositorio de anuncios y la negativa de la compañía a facilitar acceso a datos a investigadores, ambas sancionadas por la DSA.
La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, advirtió que “engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultar información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en Internet en la UE”.
El portavoz de Virkkunen, Thomas Regnier, defendió en rueda de prensa la “solidez” del caso frente a críticas de la Administración Trump, que acusa a la UE de exceso de regulación contra grandes tecnológicas estadounidenses. Regnier subrayó que la multa es “proporcionada”, porque “en la Comisión actuamos de forma proporcionada”.
La investigación concluyó que X incurre en un fraude que “expone a los usuarios a estafas, incluida la suplantación de identidad y otras formas de manipulación”, ya que “cualquiera puede pagar” para obtener la marca azul sin que la compañía verifique la identidad detrás de la cuenta. Aunque la DSA no exige verificación de usuarios, prohíbe que las plataformas afirmen falsamente que un usuario ha sido verificado.
Además, Bruselas sancionó a X por las restricciones en su repositorio de anuncios, una herramienta “fundamental” para detectar estafas o campañas de desinformación, que incorpora barreras de acceso que dificultan la revisión de información crítica. También se penalizó a la compañía por obstaculizar a los investigadores el acceso independiente a sus datos públicos, incluso mediante scraping.
La Comisión Europea dividió la multa de $120 millones en tres partes: $45 millones por las irregularidades del tic azul, $35 millones por el repositorio de anuncios y $40 millones por las dificultades de acceso a los datos.