La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) denegó la solicitud de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para otorgar un bono de Navidad aumentado de $400 adicionales por empleado, según una carta enviada este 4 de diciembre al director ejecutivo de la agencia, Luis Pérez Vargas.
En la comunicación, la JSF reconoció los esfuerzos de la OEG por generar ahorros presupuestarios y por adelantar un nuevo Plan de Clasificación y Retribución como parte de la Reforma del Servicio Público. Sin embargo, enfatizó que la ley vigente —el Artículo 2.08 de la Ley 26-2017— establece un bono uniforme de $600 para todas las agencias y corporaciones públicas, independientemente de su autonomía fiscal. El bono aprobado recientemente para los empleados del Gobierno central cumple con ese límite legal, recordó la Junta.
La negativa ocurre solo dos semanas después de que el Gobierno anunciara el desembolso del bono de Navidad para los empleados públicos, que comenzó a pagarse a finales de noviembre. Ese pago se realizó tras la aprobación del presupuesto vigente y fue coordinado con la JSF, que certificó que la asignación para el bono cumplía con los parámetros fiscales establecidos bajo PROMESA. El Gobierno había destacado que el pago del bono forma parte del compromiso con la estabilidad laboral y la retención de empleados en el servicio público.
Aunque la OEG planteó que su propuesta surgía de ahorros internos y buscaba fomentar la retención de empleados, la JSF subrayó que cualquier incentivo adicional debe estar estrictamente vinculado al desempeño o al desarrollo de destrezas, según exige la Reforma del Servicio Público. Este tipo de compensación variable, añadió, debe manejarse “de manera fiscalmente responsable”.
La Junta afirmó que continuará trabajando con la OEG para cumplir con los requisitos de PROMESA, pero dejó claro que el pedido para autorizar un bono navideño mayor al establecido por ley no será aprobado.