La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) denegó la solicitud de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para otorgar un bono de Navidad aumentado de $400 adicionales por empleado, según una carta enviada este 4 de diciembre al director ejecutivo de la agencia, Luis Pérez Vargas.
En la comunicación, la JSF reconoció los esfuerzos de la OEG por generar ahorros presupuestarios y por adelantar un nuevo Plan de Clasificación y Retribución como parte de la Reforma del Servicio Público. Sin embargo, enfatizó que la ley vigente —el Artículo 2.08 de la Ley 26-2017— establece un bono uniforme de $600 para todas las agencias y corporaciones públicas, independientemente de su autonomía fiscal. El bono aprobado recientemente para los empleados del Gobierno central cumple con ese límite legal, recordó la Junta.
La negativa ocurre solo dos semanas después de que el Gobierno anunciara el desembolso del bono de Navidad para los empleados públicos, que comenzó a pagarse a finales de noviembre. Ese pago se realizó tras la aprobación del presupuesto vigente y fue coordinado con la JSF, que certificó que la asignación para el bono cumplía con los parámetros fiscales establecidos bajo PROMESA. El Gobierno había destacado que el pago del bono forma parte del compromiso con la estabilidad laboral y la retención de empleados en el servicio público.
Aunque la OEG planteó que su propuesta surgía de ahorros internos y buscaba fomentar la retención de empleados, la JSF subrayó que cualquier incentivo adicional debe estar estrictamente vinculado al desempeño o al desarrollo de destrezas, según exige la Reforma del Servicio Público. Este tipo de compensación variable, añadió, debe manejarse “de manera fiscalmente responsable”.
OEG explica su pedido
La Oficina de Ética Gubernamental señaló a Metro Puerto Rico que su solicitud no surgió en un vacío, sino que se fundamentó en un precedente ya validado por la propia Junta de Supervisión Fiscal. El 24 de noviembre, la JSF aprobó un aumento excepcional de $400 al bono de Navidad del Centro de Recaudos de Ingresos Municipales (CRIM), permitiendo que sus empleados recibieran un total de $1,000 para el año 2025. En esa decisión, la Junta reconoció que el CRIM contaba con un balance no asignado suficiente —unos $15.7 millones— para cubrir el aumento sin comprometer su estabilidad fiscal.
Según OEG, su planteamiento respondía precisamente a ese mismo esquema: utilizar ahorros acumulados para financiar un aumento único y no recurrente, con el propósito de reconocer la labor del personal. La agencia argumenta que presentó una justificación similar a la del CRIM y que contaba con los fondos disponibles para hacerlo posible.
No obstante, la carta enviada por la Junta a Ética Gubernamental no hace referencia al precedente del CRIM ni explica por qué una solicitud similar recibió un trato distinto. En lugar de ello, la JSF reiteró que la Ley 26-2017 fija el bono navideño en $600 y que cualquier incentivo adicional debe estar vinculado al desempeño bajo la Reforma del Servicio Público.