El gobierno federal apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito la decisión del Tribunal de Distrito en Puerto Rico que bloqueó las destituciones de tres integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que opera en Puerto Rico bajo la Ley federal PROMESA.
Según documentos presentados el 2 de diciembre, los demandados Donald J. Trump y Sergio Gor —este último jefe de la Oficina de Personal Presidencial— notificaron su intención de apelar la orden de la jueza María Antongiorgi Jordán, quien el 3 de octubre concedió un interdicto preliminar a favor de los miembros Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa.
El caso, identificado como González et al. v. Gor et al. (25-CV-1508-MAJ), cuestiona la validez de las destituciones efectuadas por la Casa Blanca en agosto. La jueza determinó que PROMESA solo permite la remoción “por causa”, lo que exige aviso previo y oportunidad de audiencia, garantías que el Ejecutivo no cumplió.
La oficina del secretario del Tribunal Federal certificó el 3 de diciembre la transmisión del expediente abreviado al Primer Circuito, con los documentos relevantes del caso, confirmando que los apelantes pagaron los derechos de apelación y que el proceso quedó oficialmente elevado al tribunal de apelaciones.
Mientras tanto, la JSF continúa operando con cuatro miembros activos: Biggs, González, Rosa y John E. Nixon. Desde la restitución de los miembros que habían sido destituidos han enviado múltiples comunicaciones al gobierno sobre contratos y leyes aprobadas. Hace unos días, dieron paso de forma condicionada a un contrato de sobre $3 mil millones para el suplido de gas natural por parte de New Fortress Energy.
La apelación podría definir los límites del poder presidencial sobre el organismo creado por el Congreso bajo la Ley PROMESA, y establecer un precedente sobre la independencia institucional de la Junta en los procesos de reestructuración fiscal de Puerto Rico.