La Universidad de Puerto Rico (UPR) advirtió que no remunerará a los empleados que, aunque registraron asistencia, se negaron a realizar sus funciones como parte del paro convocado por el Sindicato de Trabajadores en varias unidades del sistema. La determinación surge del análisis legal de la Oficina Central de Recursos Humanos, que concluyó que este comportamiento constituye una violación a las reglas laborales vigentes y no puede ser compensado.
Según la institución, se identificaron casos de empleados que acudieron a los recintos, marcaron su entrada, pero se abstuvieron de trabajar en el marco de las acciones concertadas reportadas en Cayey, Arecibo y el Recinto de Ciencias Médicas. La administración indicó que procederá con los descuentos correspondientes.
“El análisis legal es claro: la Universidad no puede pagar tiempo trabajado si el empleado, por una decisión voluntaria y/o motivada por presión sindical, decide no realizar sus funciones. Procederemos con los descuentos correspondientes, conforme a la política pública universitaria”, afirmó el director interino de Recursos Humanos, José A. Hernández Miró.
La UPR también informó que los empleados que no se presentaron a trabajar, aun cuando los accesos ya estaban abiertos, deberán justificar su ausencia utilizando las licencias administrativas aplicables, de acuerdo con su clasificación y los balances disponibles.
La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, reiteró que la institución reconoce los derechos constitucionales a la libertad de expresión y manifestación, pero subrayó la obligación de garantizar la continuidad de las operaciones académicas, clínicas y administrativas.
“En la Universidad de Puerto Rico defendemos el diálogo y la participación de todos los sectores. Además, debemos garantizar que los servicios institucionales continúen y que nuestros estudiantes, pacientes que reciben servicios y todas las personas a las que nuestros recintos sirven no se vean afectados”, expresó la presidenta.
La Administración Central agradeció la cooperación de las unidades y personal directivo durante el proceso, reiterando que las medidas se toman para asegurar el cumplimiento con la reglamentación aplicable y proteger el funcionamiento institucional.