Del CPI.
Desde un salón de actividades en Bozeman, Montana, una pequeña ciudad en el medio oeste de Estados Unidos, la gobernadora Jenniffer González Colón afirmó a mediados de octubre que “Puerto Rico debería ser la vitrina de cómo se puede lograr el Dominio Energético Estadounidense”.
Se refería a la política pública energética de la Casa Blanca de Donald Trump, que busca colocar a Estados Unidos como el líder en la exportación de energía a nivel mundial, impulsado por combustibles fósiles como petróleo, carbón, gas y energía nuclear, una opción que González Colón descartó públicamente apenas un mes antes.
Más allá del alineamiento que ya existe entre Trump y González Colón, hay quienes sugieren que, en Puerto Rico, la agenda energética de Trump debe ser aún más abarcadora.
En una columna publicada en agosto, Justin Peterson, un cabildero de Washington D.C. cercano a Trump y exmiembro de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, propuso que el gobierno federal tome control de la privatización y reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico, anclado en el uso de gas y la energía nuclear.
“El Consejo Presidencial para el Dominio Energético y el Departamento de Energía deberían liderar este proceso, trabajando con una [Junta] potencialmente reconstituida”, escribió Peterson, después de que la Casa Blanca destituyera en agosto a cinco de los siete miembros de la Junta.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) preguntó a La Fortaleza si el apoyo de González Colón a la agenda energética, según afirmó en Montana, también se extiende a la propuesta de Peterson.
“Respetamos la opinión del Señor Peterson. Ya él no es parte de la Junta. No es un oficial electo. Obviamente nosotros, como colonia, hay muchas personas que les gusta que se federalice todo”, dijo Jean Peña Payano, un asesor legislativo de la Gobernadora.
Según él, la administración González implementará todo aquello que resulte en lograr “un alivio energético y poder sacar a LUMA”.
“Si eso incluye [implementar la política pública energética de Trump], con mucho gusto lo vamos a hacer”, añadió el portavoz de La Fortaleza.
El CPI contactó, por medio de una portavoz de la Casa Blanca, al National Energy Dominance Council, una nueva oficina ejecutiva creada por Trump y encargada de facilitar y acelerar proyectos alineados con esta visión, pero no obtuvo respuesta.
Bajo el mantra de “dominio energético”, Trump eliminó restricciones ambientales y aceleró la aprobación de permisos para actividades relacionadas a la extracción y exportación de combustibles fósiles, que son fuentes de energía no renovable. Recientemente, en una proclama que declara octubre de 2025 como el mes del Dominio Energético Nacional, Trump afirma que “tres simples palabras” definen el futuro energético de Estados Unidos: “Drill, baby, drill”. (Perfora, bebé, perfora).
Aunque en Puerto Rico apenas se ha escuchado sobre el “American Energy Dominance”, el Gobierno de González Colón ha estado implementando la agenda energética de Trump casi al pie de la letra.
Durante su participación en el Big Sky, Bright Future Economic Summit, —el foro organizado por el gobernador de Montana, Giancarlo Gianforte— la Gobernadora se vanaglorió de haber extendido hasta 2032 la vida de la planta de carbón de AES, que estaba supuesta a culminar operaciones a finales de 2027. Criticó la estrategia de la administración Biden de priorizar el uso de fondos federales en proyectos de energía renovable y señaló la Ley Federal de Política Pública Ambiental (NEPA en inglés) como el principal escollo para reducir el costo de la energía.
También habló sobre su primera ley, que eliminó las metas intermedias que habían sido establecidas por ley hace unos años para requerir que, para el 2050, el 100% de la energía en Puerto Rico venga de fuentes renovables.
Pero si algo la Gobernadora dejó claro durante su participación fue su apuesta por el uso de gas licuado (LNG en inglés) estadounidense como principal fuente de energía en Puerto Rico.
“Yo creo en el LNG estadounidense”, dijo González en varias ocasiones, al hablar del contrato de $4,000 millones que firmó con New Fortress Energy (NFE) para el suplido del gas durante siete años, y que hasta ese momento había sido rechazado por la Junta de Control Fiscal.
El pasado viernes, 28 de noviembre, la Junta anunció que aprobó el contrato con NFE, pero advirtió que, a pesar de los cambios hechos al acuerdo, la compañía mantendría un monopolio sobre el suplido de este combustible al puerto de San Juan.
“Esta falta de competencia afecta la confiabilidad del sistema energético, los precios y la competitividad económica general de Puerto Rico”, sostuvo la entidad.
Una vez más, el Gobierno apuesta al gas
No es la primera vez que se apuesta al gas en Puerto Rico: En los últimos 20 años, cada uno de los gobernadores, rojos y azules, ha impulsado el uso de este combustible fósil bajo la premisa de que esto bajará el costo de la energía en Isla.
Bajo Aníbal Acevedo Vilá, se comenzó la construcción fallida del “gasoducto del sur”, para llevar gas de Peñuelas a Salinas. Luego llegó Luis Fortuño, quien intentó, también sin éxito, la construcción del “gasoducto del norte”, o Vía Verde, para llevar gas del sur al norte de la Isla. En la reforma energética de 2014 firmada por Alejandro García Padilla, se presentó el gas como una fuente de “transición” a energía renovable. Durante la administración de Ricardo Rosselló, dos años después de que se cancelara el Aguirre Offshore Gas Port en 2017, llegó la empresa NFE como principal suplidor de gas y para construir un nuevo terminal para recibirlo. Su inauguración fue celebrada en 2020 por la entonces gobernadora Wanda Vázquez. Mientras que, en su última semana en La Fortaleza, Pedro Pierluisi puso la primera piedra de la nueva planta de gas que se construye en San Juan a cargo del consorcio Energiza.
Pero los planes de la Gobernadora con el gas, incluido el nuevo contrato con NFE, atan el futuro energético de Puerto Rico a este combustible fósil, lo que pone en riesgo la meta de lograr que el 100% de la energía venga de fuentes renovables para el 2050.
Además, los proyectos de generación anunciados por esta administración supondrían un exceso de energía en Puerto Rico, según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), aumentaría el costo de la energía.
TIMELINE: La agenda energética de Jenniffer González
De los 1,200 megavatios que la Gobernadora asegura haber sumado al sistema en los pasados 10 meses “solo arreglando plantas viejas”, casi la mitad utiliza gas. Además, aunque iniciado por el exgobernador Pierluisi, González Colón dio continuidad a la construcción de la planta de Energiza, que sumaría 450 megavatios mediante el uso de gas licuado. Catorce generadores de emergencia que dejó FEMA en Puerto Rico también utilizan este combustible fósil. Mientras, la privatizadora Genera PR, que opera la antigua flota de la AEE, también impulsa proyectos para convertir a gas la mayoría de estas plantas.
Esta administración también dio paso en octubre a tres proyectos de generación nueva que, en conjunto, añadirían 800 megavatios, principalmente mediante el uso de diesel. Ese mismo mes, el Gobierno publicó una nueva solicitud de propuestas para generación nueva de hasta 3,000 megavatios.
“Si estos planes se materializan, Puerto Rico tendrá mucha más capacidad de la que necesita, y este problema no hará sino empeorar en el futuro a medida que los residentes y los negocios sigan optando por sistemas de energía solar instalados en los techos con baterías”, dijo Cathy Kunkel, consultora de IEEFA.
En el caso de aquellos que permanezcan como clientes del sistema eléctrico, estos enfrentarían un aumento en el costo de la energía a raíz de estas ineficiencias.
Para suplir casi el 100% del gas que se necesita, la administración González Colón seleccionó a la empresa NFE, la matriz de Genera PR.
“Lo que hice durante el verano fue renegociar un acuerdo para traer más LNG a la Isla, porque necesitamos dejar atrás el petróleo, y reduje de $20,000 a $4,000 millones un contrato de LNG para la Isla y he estado esperando desde junio a que lo apruebe esta Junta federal”, dijo González Colón en Montana.
La Gobernadora se refería a la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, la mandataria no aclaró que su administración intentó firmar sin éxito este mismo contrato, a 15 años y por $20,000 millones. En aquel momento, la Junta rechazó el arreglo al señalar que se crearía un monopolio en el suplido del combustible, entre otras preocupaciones.
En septiembre, se anunció una renegociación del contrato, aunque esta vez a siete años y por $4,000 millones. Aunque González Colón aseguró que su administración eliminó una cláusula que impedía la entrada de otra compañía de suplido en caso de que NFE incumpla con su parte del negocio, en octubre, la Junta levantó nuevamente objeciones sobre el lenguaje del acuerdo.
En la noche del pasado viernes, la Junta comunicó su aprobación al contrato, condicionada a que se revise un acuerdo entre NFE y el Gobierno sobre la entrada al puerto de San Juan de otras compañías suplidoras de gas, en caso de que NFE no pueda hacerlo.
Sobre este negocio, IEEFA advirtió que, además de la posibilidad de que Puerto Rico termine adquiriendo más gas del que necesita, el Gobierno mantendrá una relación con una compañía que atraviesa por graves problemas financieros.
Según reveló el CPI desde el 2022, NFE ha incumplido en múltiples ocasiones con la entrega de gas, obligando a que el Gobierno tenga que adquirir diesel, un combustible más caro y cuyo costo se refleja en aumentos a la factura de la luz.
Como parte de su aprobación al contrato con NFE, la Junta requirió al Gobierno una “evaluación de las sumas que deberían devolverse al pueblo de Puerto Rico para compensar los gastos de diésel incurridos debido a faltas en las entregas de NFE en virtud de los contratos existentes”.
Este informe deberá ser entregado en o antes de marzo del próximo año.
Energy Dominance Council
Trump creó el “National Energy Dominance Council”, o Consejo de Dominio Energético en febrero de este año por medio de una orden ejecutiva. El Consejo es liderado por el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, y tiene como objetivo acelerar proyectos que “ayuden a Estados Unidos a vender energía en el extranjero”, explicó en una entrevista su director ejecutivo, Jarrod Agen.
El también asesor de Burgum y exdirector de comunicaciones del vicepresidente Mike Pence dijo que el Consejo trabaja con la industria de petróleo, gas y minería para adelantar proyectos que, según él, han estado estancados por años en procesos de permisos.
“Hemos sido muy eficaces porque no trajimos a un grupo de académicos. Contratamos a personas directamente de la industria en áreas específicas —petróleo y gas, carbón, minería y energía nuclear. [...] Es una startup dentro de la Casa Blanca”, dijo Agen en septiembre.
Además, Trump canceló programas de energía renovable que habían sido financiados con fondos federales —algunos de los cuales irían a proyectos de placas solares y baterías en Puerto Rico—, eliminó restricciones a la quema de petróleo y abrió la Reserva de Vida Silvestre del Ártico en Alaska para la exploración de combustibles fósiles.
Las medidas tomadas por Trump han beneficiado principalmente a la industria del petróleo y el gas, que apoyaron económicamente a la campaña del Presidente en las elecciones de 2024. Una de las figuras clave en diseñar la agenda energética de Trump fue Burgum, quien prometió en eventos de campaña que el Presidente detendría “el ataque hostil contra la energía estadounidense”, reseñó el Washington Post.
Tan pronto como febrero, González Colón publicó una foto de una reunión con Burgum en la Casa Blanca, donde discutieron “asuntos de energía y permisos de Puerto Rico”, según su publicación en redes sociales.
Mientras, la administración González Colón ha contratado a al menos tres compañías de cabildeo, a un costo de $1.5 millones, para insertarse en las discusiones relacionadas al tema de energía en el Capitolio federal y la Casa Blanca.
Una de estas compañías es Navigators Global, por medio de la cual el Gobierno de Puerto Rico ha monitoreado la implementación de la agenda energética de Trump, según facturas obtenidas por el CPI tras una solicitud de información al Gobierno.
En marzo, por ejemplo, los cabilderos de Navigators informaron que “se alertó sobre los comentarios del Secretario de Energía Wright sobre el sistema energético de Puerto Rico, identificando oportunidades para un seguimiento estratégico”, mientras que, en abril, siguieron de cerca la discusión en el Congreso sobre vulnerabilidades en la red eléctrica de Estados Unidos, con miras a “aumentar la urgencia de modernizar la infraestructura energética de Puerto Rico”.
Las facturas también identifican la coordinación de reuniones con congresistas y funcionarios de la Casa Blanca. Uno de los que más se menciona en este renglón es el senador republicano de Utah, Mike Lee, quien preside el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado.
El senador republicano no es un extraño en el asunto energético de Puerto Rico. En el 2019, el CPI reveló correos electrónicos que muestran cómo antes de que el Gobierno anunciara ese mismo año su intención de privatizar a la AEE y la llegada de LUMA Energy en el 2021, el senador Lee impulsó por lo bajo, mediante comunicaciones con la Junta de Control Fiscal, una propuesta para privatizar a la corporación pública por medio de legislación federal.
Al menos desde marzo pasado, los cabilderos de la administración González Colón han buscado establecer una línea directa con la oficina de Lee.
La factura de marzo sometida por Navigators menciona que la firma coordinó con Spencer Stokes, un cabildero de Utah que sirvió como jefe de personal de Lee hace más de 12 años, “para garantizar el seguimiento continuo y la coordinación de una reunión entre el presidente Lee y la gobernadora González Colón”.
En abril, Navigators indicó que coordinó una reunión entre la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico y un empleado de la oficina de Lee, “quien aceptó evaluar la posibilidad de que una delegación congresional visite a Puerto Rico enfocada en la resiliencia energética”. Los cabilderos luego dieron seguimiento “para confirmar el interés en programar una reunión directa con la gobernadora González Colón y coordinar la participación del personal en las próximas audiencias del territorio”.
Otras de las reuniones coordinadas por Navigators en el tema de energía fue con la directora del Comité de Energía y Recursos Naturales en el Senado y asesora del senador Lee, Wendy Baig, para “explorar avenidas legislativas relacionadas a la resiliencia y modernización de la infraestructura energética en Puerto Rico”.
Doble discurso de la Gobernadora sobre la energía renovable
Durante su participación en Montana, González Colón dijo que la administración Biden usó a Puerto Rico —y los casi $18,000 millones en fondos federales que ella asegura haber conseguido para la red eléctrica mientras era Comisionada Residente— como “laboratorio” de energía renovable.
Recordó que aún espera por la entrega de baterías de almacenamiento que el Gobierno compró a Tesla por $750 millones, sugiriendo que no son una solución a corto plazo. Y dijo que su administración usó $365 millones en fondos federales asignados a un programa de energía solar para reparaciones en las plantas generatrices que añadirían 400 megavatios.
“En los últimos cuatro años, Washington dictó las necesidades de la Isla. Y lo que sucedió fue que decidieron convertir a Puerto Rico en un laboratorio para energía renovable, paneles solares y baterías. Y no tengo nada en contra de esto, pero no se puede mantener una isla, con sus negocios, fábricas y hospitales, funcionando 24/7 solo con baterías”, dijo González Colón.
Sin embargo, en Puerto Rico existen manufactureras como Eaton y Medtronic y farmacéuticas como Pfizer y Eli Lilly, cuyas plantas son parcialmente energizadas por sistemas de placas solares y baterías, según datos de la Administración Federal de Información Energética.
Dos semanas después, durante la conferencia de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA) en San Juan, la Gobernadora tuvo un tono distinto al hablar de energía renovable.
“Desde el proyecto [de baterías] Tesla Megapack hasta la aceleración de las aprobaciones de energías renovables bajo la Orden Ejecutiva 2025-047, estamos trabajando de la mano con organizaciones como SESA para lograr nuestro objetivo común de generar un progreso real para nuestra gente con un nuevo operador de red”, lee el comunicado que envió La Fortaleza.
Las declaraciones de la Gobernadora en el tema energético podrían responder a que la administración Trump ha ido disminuyendo su ataque contra la energía renovable, según el exsenador popular y profesor de política pública en la Universidad de Princeton, Eduardo Bhatia, quien impulsó una reforma energética en el 2014 cuando presidía el Senado.
“La dificultad más grande que la Gobernadora ha enfrentado es tratar de descifrar el Departamento de Energía de Trump”, dijo Bhatia al CPI.
“Creo que la Gobernadora ha sido muy cuidadosa en no cruzar una raya”, agregó.
Más allá del discurso de González Colón acerca del dominio energético estadounidense y la industria solar, las acciones de su administración apuntan hacia una dirección clara: gas licuado.
Desde antes de llegar a La Fortaleza, González Colón nombró a Josué Colón como “Zar de Energía”, una figura nueva con poderes para supervisar, coordinar y fiscalizar la reconstrucción y modernización del sistema eléctrico, según el comunicado que anunció su designación. Colón inició la transición hacia el uso de gas cuando fungió como director de generación en la AEE hace casi 15 años, durante la administración de Luis Fortuño. En el 2021, regresó como director ejecutivo de la corporación pública, y bajo su dirección, la AEE cedió la operación de gran parte de su flota generatriz a Genera en el 2023.
Al igual que la Gobernadora, el llamado Zar cree en el uso del gas como principal fuente de energía en Puerto Rico. Colón ha dicho que la opción de energía solar no es “costo eficiente” para gran parte de los residentes en Puerto Rico, y que para lograr la política pública de González de convertir al gas de Estados Unidos en la principal fuente de energía, hay que construir gasoductos en Puerto Rico, porque son la manera “más eficiente, más segura y más costo efectiva” de transportar el combustible.
“Y eso la ciudadanía tiene que entenderlo”, dijo en junio, durante un almuerzo organizado por el Centro Unido de Detallistas.
Horas más tarde, durante una conferencia de prensa en la que también estaba presente el zar de Energía, la Gobernadora negó que su administración tenga planes de construir gasoductos.
Para Bhatia, este tema supone un “problema político muy grande”, al considerar que en Puerto Rico no existe ambiente para este tipo de proyectos.
El primer proyecto que sometió González Colón a la Legislatura como gobernadora, y que se convirtió en su primera ley, eliminó las metas intermedias establecidas bajo la Ley 14 de Política de Energética, que exige lograr que el 100% de la energía en Puerto Rico venga de fuentes renovables en o antes del 2050. Esta acción, según ella, abrió la puerta al uso de gas licuado como combustible “de transición”, aunque ya formaba parte de la política pública energética en Puerto Rico desde 2014.
“Lo que ella sí enmendó [de la reforma energética], fue el uso de carbón. Eso se iba a eliminar para el 2027 y ella lo enmendó [hasta 2032]”, recordó Bhatia, sobre la planta de carbón de AES.
Al llegar a la sección de preguntas del público en Montana, solo hubo una, de un hombre que dijo tener amigos en Puerto Rico, “porque es un paraíso fiscal”: “¿Por qué Puerto Rico no construye un puerto para el tráfico de gas natural? ¿Lo ha considerado?”.
“Por supuesto. Y eso es lo que todos queremos. Estamos en la misma página. Me criticaron durante la campaña porque era quien único abogaba por el uso de gas natural estadounidense. ¿Cómo es posible que [en Estados Unidos] seamos el principal proveedor de LNG para muchos países y no podamos serlo en nuestro propio territorio?, contestó la Gobernadora, refiriéndose a la posibilidad de que Puerto Rico aumente el consumo de gas licuado producido en Estados Unidos.
“Busco dos cosas: pasar del 62% de petróleo a LNG. Y la segunda es, literalmente, cambiar al operador del sistema de transmisión [LUMA]”, puntualizó.