La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Sistema de Retiro de Empleados de la AEE (SREAEE) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3A) se distanciaron de un pedido urgente de LUMA Energy sobre su reclamo de “gastos administrativos” y su solicitud para mover fondos entre cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
LUMA había solicitado al Tribunal Federal que la vista, originalmente pautada para el 10 de diciembre, se trasladara al 4 de febrero de 2026. En su moción, la empresa alegó que “ninguna parte se oponía” al aplazamiento y que la Junta de Supervisión Fiscal no tenía objeciones.
Sin embargo, AAFAF salió rápidamente al paso y aclaró que ni la agencia fiscal ni la P3A solicitaron ni consintieron la posposición. “El Gobierno no pidió el aplazamiento y estaba preparado para presentar su oposición”, afirmó la entidad en su presentación al Tribunal.
El retraso fue concedido por la jueza Laura Taylor Swain, quien movió las fechas de vista, objeciones y réplicas a enero y febrero del próximo año. La orden, sin embargo, no altera la postura de las entidades gubernamentales ni reduce la intensidad de la controversia.
Una oposición frontal
La disputa gira en torno a la moción de LUMA para que se le permita pagar decenas de millones en facturas a suplidores y otros gastos que presenta como “gastos administrativos prioritarios”, además de la solicitud de autorización del tribunal para realizar transferencias de fondos desde cuentas operacionales de la AEE hacia cuentas controladas por LUMA.
AAFAF anticipó que presentará una objeción formal a la petición de LUMA al amparo del contrato de operación y mantenimiento (OMA). Según la agencia, el reclamo de LUMA busca “evadir el mecanismo de resolución de disputas” pactado contractualmente y persigue obtener “acceso irrestricto” a cuentas de la AEE sin demostrar la necesidad legal para ello.
SREAEE, por su parte, radicó una extensa objeción argumentando que LUMA carece de fundamento legal para pedir prioridad de pago para facturas de terceros, ya que PREPA no contrajo esas deudas directamente y la ley federal solo permite a un acreedor real pedir trato prioritario. También advirtió que permitir a LUMA reasignar fondos entre cuentas violaría el presupuesto certificado por la Junta y las protecciones de PROMESA sobre los ingresos del deudor.
“El pedido es extraordinario en alcance y jurídicamente defectuoso”, puntualizó el Sistema de Retiro, alertando que la reasignación de fondos podría afectar las aportaciones patronales necesarias para sostener el plan de retiro.
La vista sobre la controversia quedó pautada para el 4 de febrero de 2026, con fechas límite para objeciones el 20 de enero y para réplicas el 27 de enero. Hasta entonces, el choque entre las entidades del Gobierno, el Sistema de Retiro y LUMA anticipa un capítulo más en la prolongada disputa sobre los controles operacionales y financieros de la red eléctrica en medio del proceso de quiebra de la AEE.