El fiscal especial Pete Skandalakis, designado para asumir el caso de interferencia electoral en Georgia tras la descalificación de la exfiscal del condado de Fulton, Fani Willis, anunció este miércoles que decidió cerrar el proceso contra el presidente Donald Trump y el resto de los acusados.
Skandalakis afirmó en un comunicado que, en su criterio, prolongar el caso “otros cinco a diez años” no serviría a los ciudadanos del estado. Añadió que adopta la decisión “para promover la finalidad judicial” y no por motivos políticos. “No está guiada por el deseo de avanzar una agenda, sino por mis creencias y comprensión de la ley”, sostuvo.
La defensa de Trump celebró de inmediato la resolución. Su abogado, Steve Sadow, calificó el caso como “persecución política” impulsada por la descalificada Fani Willis y aseguró que “nunca debió haberse presentado”. Subrayó que “un fiscal justo e imparcial ha puesto fin a esta guerra legal”.
Los cargos estatales por asociación ilícita se presentaron el 14 de agosto de 2023 contra Trump y otras 18 personas, después de que Willis —una demócrata electa— condujera una amplia pesquisa sobre la presunta interferencia del entonces mandatario en los resultados de Georgia durante la elección presidencial.
La investigación comenzó tras la publicación de la llamada telefónica de enero de 2021 en la que Trump presionó al secretario de Estado Brad Raffensperger para “encontrar” los votos necesarios para revertir la derrota.
Willis fue apartada tras una prolongada disputa legal sobre su autoridad. La elección de Trump en 2024 debilitó aún más la viabilidad del proceso. Finalmente, este miércoles, Skandalakis, director del Prosecuting Attorney’s Council of Georgia, emitió la orden definitiva de archivo.
El caso alcanzó su punto más alto cuando Trump se entregó en la cárcel del condado de Fulton en agosto de 2023, donde permaneció poco más de 20 minutos para la toma de su primera fotografía policial.
La causa se consideraba una de las que tenía más posibilidades de llegar a juicio, al tratarse de un proceso estatal no sujeto a indultos federales. Con la decisión de Skandalakis, el expediente queda cerrado.