El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este lunes la apertura de un procedimiento contra el senador Mark Kelly, quien instó a los soldados a desobedecer cualquier orden ilegal en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. La investigación podría desembocar en un consejo de guerra.
El Pentágono recibió “graves acusaciones de conducta inadecuada” y abrió una “revisión minuciosa” del vídeo en el que Kelly y otros cinco congresistas –Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan– pedían a los soldados “rechazar órdenes ilegales”.
“Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Saben que los apoyamos. No abandonen el barco”, afirmaron en la grabación.
El Departamento de Defensa, conocido como Departamento de Guerra en la Administración de Donald Trump, indicó que el procedimiento servirá para “decidir las acciones a adoptar, que pueden incluir el llamamiento al servicio activo para un consejo de guerra o medidas administrativas”, y aseguró que se actuará “conforme a la ley militar, garantizando el debido proceso y la imparcialidad”.
En respuesta, Kelly defendió su trayectoria en las Fuerzas Armadas, recordando que se retiró con el rango de capitán de la Armada estadounidense, y afirmó que ha “dado demasiado a este país para ser silenciado por abusones que se preocupan más de su propio poder que de proteger la Constitución”. Añadió que los intentos de intimidarlo a él y a otros miembros del Congreso “no van a funcionar”.
Tras la publicación del vídeo, Trump calificó a Kelly y a los demás congresistas de “traidores” y los acusó de “comportamiento sedicioso punible con la muerte”. Los congresistas denunciaron recibir amenazas “perturbadoras” desde entonces.
Al menos 83 personas han muerto en las últimas semanas en ataques militares estadounidenses contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, acciones que la ONU y organizaciones de Derechos Humanos consideran ejecuciones extrajudiciales.