El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) determinó que 49 personas detenidas tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada, torturas, juicios sin garantías y tratos discriminatorios por motivos políticos y religiosos.
El dictamen —emitido durante el 103º período de sesiones del GTDA— fue confirmado por la organización Prisoners Defenders, que documentó los casos ante Naciones Unidas, y por declaraciones brindadas al diario EL PAÍS por su director, Javier Larrondo, quien calificó la resolución como un paso “positivo, aunque insuficiente frente a la magnitud de la represión”.
Las resoluciones del GTDA exponen que numerosos detenidos:
- no fueron informados de las razones de su arresto,
- nunca recibieron una orden judicial,
- no tuvieron acceso a un abogado independiente,
- no fueron presentados ante un juez en el plazo de 48 horas,
- permanecieron incomunicados durante días o semanas,
- fueron torturados o sometidos a aislamiento prolongado.
En varios casos, las familias no supieron dónde estaban sus allegados, lo que, según la ONU, configura desaparición forzada.
Motivación política y religiosa
El Grupo de Trabajo concluyó que estas personas fueron encarceladas por ejercer derechos protegidos internacionalmente: libertad de expresión, reunión pacífica, participación política y libertad religiosa. El organismo señaló además que las acusaciones penales utilizadas contra los manifestantes buscaban coaccionarlos por sus opiniones y evitar nuevas protestas.
“Es una violación sistemática de múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, establece el dictamen.
Prisoners Defenders detalló que analizó miles de documentos relacionados con 520 casos, parte de un universo mayor que la ONG estima en más de 1,180 prisioneros políticos. Sin embargo, la capacidad limitada del GTDA obligó a evaluar los expedientes por fases.
Según explicó Larrondo a EL PAÍS, el organismo adoptó 17 dictámenes en 2024 y 49 en 2025, todos declarando detención arbitraria. “Demostrar la inocencia de cientos de personas es una tarea titánica, pero el GTDA ha sido rigurosísimo pese a su escaso presupuesto”, dijo.
Cuba, primer país del mundo en condenas por detención arbitraria
Con estos nuevos fallos, Cuba se convierte en el país con más condenas por detención arbitraria desde 2019, superando a naciones como Egipto. Para Larrondo, se trata de una “condena histórica” que desmonta la narrativa oficial en foros internacionales.
“El debate sobre Cuba debe basarse en la realidad: no es un régimen de izquierdas, sino una dictadura totalitaria”, afirmó al medio español.
El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno cubano:
- liberar inmediatamente a las 49 personas,
- invalidar sus condenas,
- indemnizarlas y ofrecer mecanismos de reparación,
- realizar una investigación independiente sobre las violaciones cometidas,
- y establecer responsabilidades penales contra los autores.
Sin respuesta del Gobierno cubano
El GTDA recordó que envió su comunicación a La Habana en marzo pasado, solicitando información específica sobre la situación de varios detenidos. El Gobierno no respondió dentro del plazo ni pidió una extensión. “El Grupo de Trabajo lamenta la falta de cooperación”, señaló la ONU.
Pese a ello, Prisoners Defenders adelantó que continuará llevando casos ante el organismo. “Seguiremos denunciando, actúen o no los gobiernos democráticos”, sostuvo Larrondo.